El PSOE no se explica por qué Samaniego no está en la cárcel
El informe de la Intervención sobre 2013 y 2014, entregado al Juzgado, revela facturas ficticias, prácticas monopolísticas y sobrecostes de 300.000 euros
Valladolid
El Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Valladolid sobre el caso Samaniego confirma las tesis del PSOE sobre los dos tipos de responsabilidad: la penal, atribuible, en especial al ex jefe de Mantenimiento, y la responsabilidad política, que la oposición sitúa en el gobierno municipal de Javier León de la Riva por complicidad o por omisión y por el "descontrol" que ha habido durante los últimos 14 años.
Oscar Puente, candidato del PSOE a la alcaldía de Valladolid y presidente del Grupo Municipal Socialista, mostró, además, su extrañeza ante el hecho de que Luís Alberto Samaniego siga en libertad, "paseándose por las calles de la ciudad".
"Es inconcebible que no esté en prisión", añadió Puente, que en su condición de abogado expresó su decepción por la situación que se produce en España, donde "los ladrones de a pie tienen un tratamiento muy duro y los ladrones de cuello blanco tienen un tratamiento muy leve".
El Informe de la Intervención sobre la “revisión de facturas emitidas y pagadas durante los años 2013 y 2014 relacionadas con el caso Samaniego” resulta demoledor no sólo por la gran cantidad de facturas atribuidas a las empresas del exjefe de Mantenimiento, sino por la arbitrariedad, la práctica monopolística, los sobrecostes y las desviaciones económicas que han supuesto perjuicios para todos los ciudadanos.
El informe, que ya se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, demuestra que el dinero pagado demás, sólo en el último año y medio, ronda los 300.000 euros, exactamente 291.974 euros. Es la novedad sobre el caso de los contratos adjudicados por Samaniego a empresas suyas o vinculadas a su familia, que se elevan a más de 1.300 desde el año 2.000, con un importe que ronda los 14 millones de euros, según fuentes del proceso.
El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, consta de 1074 folios y se contemplan las 244 facturas emitidas hace dos años (203 han sido evaluadas) por las empresas de Samaniego: durante 2013 las 170 facturas sumaron un importe de 831.410 euros; en 2014 las 62 facturas ascendieron a 227.449 euros. Sólo se contabilizan los cinco primeros meses del pasado año porque a finales de mayo se destapó este presunto caso de corrupción en las adjudicaciones. Tres técnicos han realizado esta labor y suman 1.100 horas de trabajo, iniciado a partir del decreto del 5 de septiembre de 2014.
Las conclusiones constatan la dimensión del caso: todas las áreas municipales contrataron con las empresas de Luís Alberto Samaniego, especialmente el departamento de Patrimonio, que absorbe el 62% del total de la facturación; la calidad de los trabajos es cuestionada por la Intervención, en especial en edificios protegidos respecto de los cuales las empresas no acreditan la clasificación de contratista necesaria para estas intervenciones.
“También se estima necesario –señala el Informe- mencionar que la calidad de los trabajos ha podido verse afectada por esta situación de dominio monopolístico, toda vez, que la ausencia de una competencia real ha descuidado en algunos casos la ejecución de los trabajos conforme a las normas de buena práctica constructiva. Reseñar, en otro aspecto, las actuaciones realizadas en edificios catalogados o protegidos (como en los colegios Isabel La Católica, Gonzalo de Córdoba o García Quintana o el Archivo Municipal)”.
De las 147 facturas analizadas en 2013 se ha comprobado que 74 tenían un precio “muy alto” o “excesivo” (Están calificados precios muy altos los incluidos en la horquilla de valores comprendida entre el precio máximo disponible incrementado un 20% y el valor medio incrementado en un 100 por 100. Las facturas calificadas como excesivas por superar en un 100 por 100, en más del doble, el valor del precio medio de mercado). Y se han hallado sobrecostes desmesurados en 24 de las 56 facturas emitidas en 2014.
Además de recordar que el Jefe del Centro de Mantenimiento debería haber buscado “siempre la defensa del interés público”, los técnicos sostienen que “se aprecian prácticas monopolísticas, lo que también ha podido afectar a la calidad de los trabajos realizados”. Y se advierte que en “un entorno real de competencia es presumible que se hubieran obtenido mayores rebajas en las adjudicaciones y más en tiempos de crisis”.
“Otra práctica que no se entiende, salvo que se persiga un interés espurio, es el de contratar una empresa generalista para realizar determinados trabajos que podrían encargarse directamente a empresas especialistas sin necesidad de recurrir a la subcontratación”.
Dentro del conjunto de facturas clasificadas como excesivas destaca el alto número que se corresponde a las actuaciones en parcelas, presentando grandes diferencias entre la realidad observada y lo facturado, debido a la aplicación de precios fuera de mercado, graves errores de medición y en algunas ocasiones las tareas han podido ser llevadas a cabo por trabajadores municipales.
Hay casos en los que se ha anticipado la facturación a la finalización de la obra: cubierta del propio edificio de Las Eras o la sustitución de luminarias de emergencia en el edificio de la Plaza Santa Ana. Es decir, primero cobraban y meses después se ejecutaban las obras.
Asimismo, se han descubierto facturas ficticias, como constata el informe de la Intervención: “Si bien en algún caso no se ha evidenciado la ejecución de ningún trabajo, como ha ocurrido en la marquesina de la Plaza de la Solidaridad o la reposición de valla robada en las naves del Soto de Medinilla”.
También se han detectado “solapamiento de trabajos”. Los tres arquitectos autores del informe admiten que “determinar si la actuación ha sido realizada totalmente o parcialmente por el personal municipal o por personal de las empresas analizadas resulta de muy difícil discriminación”. Este problema se ha detectado en 31 obras.
“La suma del sobrecoste por la facturación considerada excesiva o muy alta de las facturas abonadas en los años 2013 y 2014 ha sido de 291.974,95 euros”. Así concluye el documento firmado por Rafael Salgado como interventor municipal.
