Las marchas de la dignidad se realimentan en Valladolid

Valladolid

Una familia asturiana ilustra la conciencia social ante la dimensión de la crisis económica. Son José Enrique, Agustina y su hija, Africa, de 7 años. En su parada en Valladolid, José Enrique, de 30 años  y en paro, reclama en la Cadena SER  la movilización de la sociedad para llamar la atención de los gobernantes y propiciar un giro en las decisiones políticas para que sean acordes a las necesidades de las personas. A pesar de ser licenciado en Historia, José Enrique sigue el paro. 

Reivindicación que ratifica su mujer, Agustina. A sus 35 años y con una notable preparación académica  se ve obligada a aceptar empleos precarios para seguir adelante. Un cambio percibe respecto a las marchas de 2014: una mayor "desmovilización", aunque sigue sintiendo la  "solidaridad" de los ciudadanos.

El matrimonio y su hija forman parte de la expedición asturiana que hizo escala en Valladolid para proseguir el viaje en autobús hasta Villalba, donde proseguirán el recorrido a pie hasta Madrid, para confluir en la manifestación conjunta del próximo sábado por la tarde.  Están previstos varios autobuses, que saldrán de Valladolid a las 13:00 horas a un precio de 10 euros.  

Las reivindicaciones de las marchas de la dignidad pasan por el rechazo al pago de la deuda "ilegal, ilegítima y odiosa", derecho a una vivienda, empleo digno con derechos, renta básica y servicios públicos para todos. 

     La Plataforma por la Dignidad de Valladolid está integrada por 18 colectivos:  15M Valladolid, Cannabicum, CGT, Comunistas de Castilla, Coordinadora contra el narcotráfico, Frente Cívico, Izquierda Unida – IU, Izquierda Castellana – IZCA, UJCE - Juventudes Comunistas, Paradas Tordesillas, Parados en Movimiento, Stecyl – Intersindical, Stop Desahucios, Trabajadores Unidos – TU, Unión Reformista Ciudadana, Voluntariado de la UVA, Yesca. 

Todos firman un manifiesto sobre la realidad social.

 En esta situación económica es alarmante el aumento de la pobreza que se sitúa en el 30 % de la población, una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza severa y de exclusión social, esta pobreza tiene mayoritariamente rostro infantil y de mujer. El aumento de la precariedad social, fruto de estas políticas de recortes, de la precariedad laboral y salarial, de eliminación de derechos y coberturas sociales, aumenta el número de personas afectadas por los desahucios y por lo que se ha dado en llamar pobreza energética (cortes de los servicios de luz, agua y gas). Este invierno han muerto personas a consecuencia de la precaria situación de los hogares.

La corrupción y las irregularidades fiscales roban a las arcas del estado un 5% del PIB, y junto a ello, la política fiscal beneficia a los que más tienen, recayendo la carga sobre la clase trabajadora y la mayoría social. Hoy en el estado español aumentan los millonarios y también los pobres,agrandándose la brecha social.

Todo ello tiene sus efectos por la reforma del artículo 135 de la C.E., mediante el cual se hipoteca toda soberanía popular a los dictados de la UE y el BCE priorizando el pago de la deuda a los especuladores, al bienestar y los derechos de la mayoría social. Es patente la descomposición del régimen del 78, y de una constitución que no reconoce los derechos de los pueblos del estado y que ya es papel mojado en sus referencias a derechos y deberes.

Ante ello y como respuesta a la movilización social contra estas criminales políticas, el gobierno aumenta la represión al pueblo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, que tiene por objeto la merma de derechos y libertades para silenciar a un pueblo que sufre y al que están empobreciendo como medio para la dominación y la explotación"

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