La contratación de profesores extranjeros vuelve a los tribunales

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de UGT contra el decreto que el pasado mes de diciembre establecía las características de la selección de profesores extranjeros para trabajar en centros escolares de la Comunidad de Madrid. Las principales centrales sindicales anunciaron ya ese recurso porque consideraban que el decreto bordeaba la ilegalidad. 

"Estos profesores ni pasan oposiciones, ni pasan por la lista de interinos y en vez de tener contratos administrativos tienen contrataciones laborales", denuncia Eduardo Sabina, presidente de la Federación de Enseñanza de UGT en Madrid. Añade además que a estos docentes no se les exige un conocimiento concreto del castellano y que darían clases de materias curriculares, no sólo de idiomas. "Te pueden dar Biología en inglés, por ejemplo. Y esas asignaturas deben darlas funcionarios. A eso hay que sumar que si hacen tutorías o hablan con padres, si estos no hablan inglés pues se convierte en un profesorado en situación muy excepcional", concluye Sabina.

Esos son los principios del recurso, aunque el Gobierno regional insiste en la legalidad del decreto. Dice la Consejería que el objetivo de la contratación futura de estos profesores será el de completar las plantillas de centros bilingües que se encuentren en situación de carencia de funcionarios docentes. Añade que se seleccionarán valorando sus méritos en función de una convocatoria pública. UGT reconoce que el problema va más allá del decreto, ya que hunde sus raíces en las ventajas que para esta contratación especial establece la propia LOMCE. "No estamos en contra de la llegada de estos profesores", dice Sabina, "pero sí de que no lo hagan en las mismas condiciones que los demás". El decreto, en todo caso, exige a estos profesores que tengan una formación equivalente en sus países de origen a la que deberían tener aquí para impartir clase, pero no establece ninguna petición específica sobre su nivel de castellano.

Segundo intento

La contratación de estos profesores lleva siendo objeto de debate durante varios años. Los sindicatos ya denunciaron en su día a Esperanza Aguirre y a Lucía Figar a las que acusaban de prevaricación en la selección de estos docentes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, rechazó en 2013 esa denuncia al considerar que no había indicios de esas prácticas ni había pruebas de que se hubiera malversado dinero público.