La Junta rebaja a 733 millones los fondos a revisar en la formación
Según la Intervención general de la administración andaluza y la Cámara de Cuentas estas cantidades están justificadas, pero pendientes de revisar dicha justificación
3.000 millones de euros destinados a la formación en Andalucía entre 2005 y 2013 están sin justificar, según reflejan los informes de Auditoría de Cumplimiento realizados por la Intervención de la Junta y los informes especiales sobre las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo(SAE). Son datos recogidos por la Guardia Civil, a requerimiento judicial, en uno de los últimos atestados entregados a la jueza Mercedes Alaya, en el procedimiento sobre el supuesto fraude en los cursos de formación. La mayor parte del dinero, 2.200 millones de euros, se corresponden con programas ejecutados por los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo y los demás por las diferentes delegaciones provinciales. Son datos de la investigación sobre los cursos de formación que se van conociendo, una vez que la magistrada ha levantado parcialmente el secreto del sumario. La ex directora general de Formación de la Junta, Teresa Florido, en su declaración tras ser detenida el 24 de marzo, dice que pidió la destitución de la gerente del consorcio Formades de Almonte, Ana María Orihuela, también detenida, porque descubrió que los contratos menores, en los que no había que pedir tres presupuestos, siempre se los adjudicaba a su propio hijo. Además, creía que las persona que ejercia labores de limpieza en ese centro era una cuñada de Orihuela. Florido también apunta a otras irregularidades, como un descuadre en los presupuestos de un millón de euros, o la existencia de multitud de gastos no subvencionables en Formades. Ignacio García, interventor de la Junta que ha declarado como testigo, manifiesta que "las deficiencias en las tareas de justificación del SAE se hacían deliberadamente". Y lo manifiesta así, explica, "por evidencias indirectas". García asegura que la razón para actuar así era para beneficiar a empresas o grupos. También declara que los certificados donde se hacía constar que los fondos se habían destinado a la finalidad objeto de la subvención "no eran concordantes con la realidad", en multitud de ocasiones. El interventor se queja de la falta de personal en el servicio. Afirma que los funcionarios destinados en la Intervención no tienen formación específica y eso provoca un "retraso importante en la emisión de informes".
Sevilla
3.000 millones de euros destinados a la formación en Andalucía entre 2005 y 2013 están sin justificar, según reflejan los informes de Auditoría de Cumplimiento realizados por la Intervención de la Junta y los informes especiales sobre las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo(SAE). Son datos recogidos por la Guardia Civil, a requerimiento judicial, en uno de los últimos atestados entregados a la jueza Mercedes Alaya, en el procedimiento sobre el supuesto fraude en los cursos de formación.
Hoy se ha conocido parte del secreto de sumario sobre las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo(SAE). Son datos recogidos por la Guardia Civil, a requerimiento judicial, en uno de los últimos atestados entregados a la jueza Mercedes Alaya, en el procedimiento sobre el supuesto fraude en los cursos de formación.
La mayor parte del dinero, 2.200 millones de euros, se corresponden con programas ejecutados por los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo y los demás por las diferentes delegaciones provinciales.
Son datos de la investigación sobre los cursos de formación que se van conociendo, una vez que la magistrada ha levantado parcialmente el secreto del sumario.
Una cifra que la Junta, a través de la Intervención general de la administración andaluza y la Cámara de Cuentas, reduce a 733 millones de euros . Unas cantidades ya justificadas, pero pendientes de revisar dicha justificación.
La ex directora general de Formación de la Junta, Teresa Florido, en su declaración tras ser detenida el 24 de marzo, dice que pidió la destitución de la gerente del consorcio Formades de Almonte, Ana María Orihuela, también detenida, porque descubrió que los contratos menores, en los que no había que pedir tres presupuestos, siempre se los adjudicaba a su propio hijo. Además, creía que las persona que ejercia labores de limpieza en ese centro era una cuñada de Orihuela.
Florido también apunta a otras irregularidades, como un descuadre en los presupuestos de un millón de euros, o la existencia de multitud de gastos no subvencionables en Formades.
Ignacio García, interventor de la Junta que ha declarado como testigo, manifiesta que "las deficiencias en las tareas de justificación del SAE se hacían deliberadamente". Y lo manifiesta así, explica, "por evidencias indirectas". García asegura que la razón para actuar así era para beneficiar a empresas o grupos. También declara que los certificados donde se hacía constar que los fondos se habían destinado a la finalidad objeto de la subvención "no eran concordantes con la realidad", en multitud de ocasiones.
El interventor se queja de la falta de personal en el servicio. Afirma que los funcionarios destinados en la Intervención no tienen formación específica y eso provoca un "retraso importante en la emisión de informes".
