Alaya sienta en el banquillo a los exconcejales Torrijos y Crespo
La magistrada ha dictado auto de apertura de juicio oral contra diez personas, entre ellos los dueños de la constructora malagueña SANDO. Alaya les exige una fianza solidaria de más de 33 millones de euros
Sevilla
Mercedes Alaya ha dictado auto de apertura de juicio oral por la macrocausa de la venta supuestamente irregular de terrenos de Mercasevilla a la empresa malagueña SANDO. La magistrada sienta en el banquillo a dos exconcejales del gobierno de coalición del Psoe e Izquierda Unida, a Gonzalo Crespo y Antonio Rodrigo Torrijos; y a otras ocho personas: Domingo Enrique Castaño, exasesor del grupo socialista; Fernando Mellet, responsable de Merca; Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró Morales, como responsables de SANDO; y los técnicos Victoria Bustamante, Antonio Ripollés y Jorge Piñero.
Mercedes Alaya los acusa por los supuestos delitos de prevaricación y delito societario.
Alaya deja fuera del caso a dos exgerentes de Urbanismo, Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán y a tres técnicos de este mismo departamento porque el fiscal no los acusó.
En el auto fechado el 12 de marzo, Alaya sostiene que hubo concierto previo entre los acusados con el fin de que el citado concurso "fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
El fiscal solicitó en noviembre dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para ocupar cargo público para los ex concejales de Izquierda Unida y el Psoe, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo; también para al ex asesor del grupo socialista, Domingo Enrique Castaño; para la funcionaria Victoria Bustamante, para el economista José Antonio Ripollés y para el vicesecretario del consejo de administración de Mercasevilla, Jorge Piñero.
La Fiscalía de Sevilla también pide dos años de prisión y 17 de inhabilitación para Fernando Mellet, ex director General de Mercasevilla. Y solicitia dos años de cárcel para los dueños de Sando, Luis Sánchez Manzano, Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró Morales.
La Fiscalía explica que, en el año 2003, Mercasevilla, para aliviar su complicada situación económica, suscribió un derecho de superficie con la empresa Larena 98. Meses después, esta sociedad dejó de pagar el alquiler, por un supuesto incumplimiento de contrato, porque el Ayuntamiento no le otorgaba la licencia de obra y porque las parcelas carecían de suministro de luz, e interpuso un pleito contra Mercasevilla.
Fernando Mellet, como responsable de Mercasevilla y el asesor del alcalde, Domingo Enrique Castaño, según el escrito del fiscal, contactaron con Sando y pactaron, supuestamente, que la empresa malagueña se haría cargo de la reclamación económica de Larena por este incumplimiento de contrato a cambio de quedarse con los terrenos.
Fue así como Mercasevilla decidió convocar un concurso público, supuestamente hecho a la medida de Sando, para que esta empresa fuera la adjucataria de esos terrenos. Según el fiscal, los acusados Jorge Piñero, Victoria Bustamante y el economistas externo José Antonio Ripollés, "confeccionaron un pliego a la medida de los intereses de Sando". En las cláusulas del pliego se introdujeron dos condiciones que tenían como fin, supuestamente, favorecer a Sando. La primera, penalizaba las ofertas económicas que excedieran en más de un 10 por ciento la media de todas las ofertas. La segunda cláusula fue "la de titularidad previa" que otorgaba puntuación a quienes tuvieran algún derecho sobre estos terrenos que salían a concurso. Sando, recordamos, era titular del derecho de superficie porque se lo había comprado a Larena para evitar el pleito que habían planteado contra el ayuntamiento.
Sando ofreció 106 millones de euros por el suelo, 50 millones menos que los que ofrecía la inmobiliaria Noga. En febrero de 2006, a través de este concurso público supuestamente amañando, Sando se hizo con los suelos de Mercasevilla.
