Miércoles, 25 de Noviembre de 2020

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POLÍGONO DE PORTILLO

La investigación revela un beneficio de 25 millones de euros

Un informe policial al que ha tenido acceso la SER apunta a "una actuación concertada desde hace mucho tiempo" en el precio de los terrenos

La investigación del polígono de Portillo revela un beneficio de 25 millones de euros: La investigación revela un beneficio de 25 millones de euros

La operación por la que la empresa pública Gesturcal se comprometió a comprar los terrenos por un montante de unos 35 millones a Parque Empresarial Portillo y cementos La Bureba supuso, según ha conocido la Cadena SER de fuentes de la investigación, un beneficio para estas empresas de unos 25 millones, ya que las parcelas adquiridas entre los años 2005 y 2009 para luego vendérselas a ADE Parques en 2010 tuvieron un coste de 10,7 millones de euros.

El negocio parece redondo: se compra por diez y se vende por 35 y todo ello teniendo en cuenta que la empresa pública pudo adquirir, si así lo hubiera querido, directamente, sin intermediario alguno. ¿Por qué algunos empresarios comienzan a adquirir unos terrenos sin aparente valor, unos años antes de que se quiera promover el polígono?

En un informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía se dice textualmente que "parece que la actuación estuviera concertada desde mucho tiempo antes de que se realizaran los convenios de colaboración". En el proceso de compraventa entre empresas interpuestas desde que inicialmente se compran los terrenos a los agricultores, aparece Urban Proyecta PM3, la misma empresa que vende a ADE parques el edificio de Arroyo de la Encomienda que alberga dependencias de esta institución dependiente de la Consejería de Economía.

De hecho, esta empresa, vende once de las catorce fincas en las que debió crearse el polígono por 8,5 millones de euros a Parque Empresarial Portillo, cuando Urban Proyecta las había comprado por cinco millones. Llama especialmente la atención una operación cerrada en octubre de 2006 por la que un particular compró dos de las catorce fincas por 6.000 y 5.500 euros y las vendió quince días después por 540.000 y 1.700.000 euros respectivamente, según obra en un informe del Ministerio de Hacienda al que ha tenido acceso esta emisora.

Las declaraciones judiciales de las últimas horas son el inicio de otras muchas que se sucederán durante los próximos meses y que llevarán al juzgado a una veintena de ex altos cargos de la Consejería de Economía, como el que fuera su número dos, Rafael Delgado, así como a empresarios que podrían haberse lucrado de una serie de operaciones urbanísticas. El juzgado que investiga estas actuaciones tendrá que resolver si aprecia delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos.

 

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