Reproche sin sanción para los jueces madrileños que cobraron de INDRA
El promotor de acciones disciplinarias del Poder Judicial reprocha su actuación a los magistrados pero entiende que actuaron por indicación de sus superiores y con "buena fe"
Madrid
El escándalo de los nueve jueces madrileños que cobraron de la empresa privada INDRA por servicios prestados a la Comunidad de Madrid se queda en un reproche sin sanción ni responsabilidad penal: el promotor de acciones disciplinarias del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar las diligencias abiertas contra estos magistrados, por entender que actuaron “de buena fe y en beneficio de los usuarios de la justicia”, aunque reconoce que tendrían que haber pedido una autorización oficial para realizarlos.
La actividad que desarrollaban exigía una autorización formal, explica el promotor: “De esta manera, puede afirmarse que la actividad desarrollada por los magistrados no era de las permitidas y, por lo tanto, lo improcedente de su comportamiento”, añade.
El pasado mes de febrero, el Poder Judicial decidió abrir estas diligencias informativas después de desvelarse que ocho magistrados y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían cobrado de la empresa privada INDRA por sus servicios prestados en el desarrollo de una herramienta informática para la administración de justicia, a instancias de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid.
Las razón por la que el Poder Judicial decide no sancionar formalmente a estos jueces es que seguían órdenes del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como de la Sala de Gobierno, y que por tanto hay que presumir su “buena fe”: para el promotor “existía un elemento objetivo y ajeno a la actuación de todos ellos que permite apreciar una suerte de confianza legítima y buena fe en su modo de proceder” y por tanto entiende que la finalidad de los trabajos “no era el provecho o beneficio propio de todos ellos, sino el de todos los usuarios de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid”.
Todo esto al mismo tiempo que expone que los magistrados conocían la Ley que les obligaba a comunicar esta actividad a los órganos necesarios.
