El exjefe de prensa de Arenas se niega a declarar

Jerez de la Frontera

El exjefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Javier Arenas, Isidro Cuberos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le investiga por intermediar presuntamente en la adjudicación de tres contratos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) a la red de corrupción Gürtel, informaron fuentes jurídicas.

Cuberos fue imputado en marzo pasado por el juez Pablo Ruz junto a otras seis personas, entre las que se encontraban los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, por haber influido en la concesión a sus empresas de las actividades que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad gaditana desarrolló en 2004 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado atribuía a los siete imputados un posible delito continuado de prevaricación por las "irregularidades" en la adjudicación de los contratos, que se firmaron durante la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa del municipio.

Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, fue citado a declarar por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión".

También han comparecido el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, quien habría "participado en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados".

De la Mata interrogará este miércoles a los dos presuntos cabecillas de la trama y a sus empleados Isabel Jordán y Javier Nombela, los cuales habrían "participado en la elaboración de la documentación y firmado los respectivos contratos".

"NUMEROSAS IRREGULARIDADES"

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió un informe al juez Ruz a comienzos de marzo en el que advertía de que estos contratos, que ascendieron a un total de 214.029,37 euros, presentaban "numerosas irregularidades".

En concreto, el Instituto pagó 162.806,37 euros a Special Events por el montaje y gestión de un 'stand', así como sendas partidas de 39.366,92 y 11.855,08 euros a Down Town Consulting por la organización de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez.

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Según la Fiscalía, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas "la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas".

Además, habrían llevado a cabo "la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abono de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".