Un informe jurídico de la Junta avala la legalidad de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Sevilla

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Economía respalda, en un informe, la legalidad del concurso público que ha adjudicado la explotación de la mina de Aznalcóllar a la unión de empresas Minorbis-Grupo México. De esta forma rebate los argumentos que empleó la jueza, Patricia Fernández, en el auto donde dijo que el concurso carecía "del más mínimo rigor" y estaba plagado de "irregularidades".

Este documento ha sido elaborado una vez conocido ese auto y con la información que ha puesto a disposición de los abogados la Mesa de contratación.

Los letrados explican las normas por las que se rige el concurso minero y afirman que el procedimiento seguido para la adjudicación de la explotación minera está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de contratos. De ahí, por ejemplo, que no quepa suspender la tramitación del expediente cuando la empresa perdedora, Emérita Resources España, anunció que presentaba un recurso especial. Cuando se está en un procedimeinto minero, dicen, no existe el recurso especial. A lo que añaden que Emérita sólo lo anunció y "de haberlo interpuesto se tendría que haber inadmitido".

El informe asegura que no cabe exigir al Grupo México, una de las empresas que forma parte del grupo ganador, el informe de la oficina consular que acredite que puede contratar con el sector público español porque quien interviene como licitador es Minorbis, que tiene su sede en Sevilla.

El documento también concluye que la mesa consideró acreditada la solvencia del grupo ganador con la documentación que se presentó.

La asesoría jurídica considera que a la vista de la información puesta a disposición de la mesa de contratación "su actuación, desde un punto de vista jurídico, se ajusta a Derecho".

Por otro lado, en otro informe interno, los funcionarios explican que el concurso daba la posibilidad de sustituir el seguro de indemnización por riesgos "por las declaraciones apropiadas de entidades financieras". Minorbis optó por lo segundo.

Ese informe argumenta que en lugar de presentar las cuentas anuales del Registro Mercantil los ganadores aportaron los libros de contabilidad debidamente legalizados, porque existía esta posibilidad.

Los técnicos insisten en que en ningún caso se alteraron las valoraciones obtenidas por el Plan de Investigación. El presupuesto de inversión mínimo por cuadrícula minera será de 15.800 euros, recogían las bases del concurso. Y añadían que deberá definirse en la propuesta el número de cuadrículas sobre las que se va a realizar la inversión.

No comparten tampoco los funcionarios que haya incongruencias en la voloración del proyecto de explotación. "La comisión técnica se reafirma en las conclusiones y mantiene que el proyecto de investigación, el de explotación y las soluciones de restauración del proyecto que ha logrado mayor puntuación es superior al otro", dice este documento interno que rebate los argumentos empleados por la Policía y la jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández.