La fiesta de la cerveza también bajo sospecha

Valencia

Anticorrupción investigará otra denuncia de Esquerra Unida: la celebración en Valencia, en la plaza de toros, de la Oktober Fest. Según los denunciantes de la trama Imelsa estamos ante otro ejemplo de cómo han dado las administraciones populares adjudicaciones y contratos.

En este caso denuncia Esquerra Unida que un empresario, Luis Gorrachategui, celebró esa fiesta en un edificio que es Bien de Interés Cultural sin pagar el canon establecido (se ha ahorrado más de un millón de euros); enmascarando como evento cultural una actividad lucrativa basada en la venta de alcohol sin que haya constancia de que se tramitaran las licencias preceptivas... en fin, con todas las administraciones implicadas: Generalitat, Diputación y Ayuntamiento mirando hacía otro lado (sin licencia los seguros no sirven de nada) y concediendo ese trato de favor a un empresario de cuyo currículum también desconfía Rosa Pérez Garijo, "estuvo relacionado en una UTE con una empresa del trama Púnica" aunque eso no significa, subrayaba la diputada, que tenga nada que ver con esa trama.

El empresario en cuestión, explica la denuncia, fundó la empresa organizadora siete meses antes de la primera edición de la fiesta en 2011.

Esquerra Unida explica en su denuncia que investigará Anticorrupción que la ordenanza contempla la posibilidad de bonificación de un precio público "con carácter excepcional, en función de la naturaleza del solicitante de la cesión o de la actividad a realizar, apreciadas y justificadas en el expediente la existencia de razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, se podrá acordar la Resolución de cesión de forma motivada una bonificación en el precio público de hasta el 100%".

En eso se amparó la Diputación para ahorrarle el canon al empresario pero Esquerra Unida recuerda que la propia Delegación de Gobierno define el acto, en un informe, "como actividad recreativa y de entretenimiento, nunca como actividad cultural".

También recuerda la formación de izquierdas que la Federación de Empresarios Hosteleros de Valencia protestó en su día al considerar que no se trataba de una actividad cultural "sino una actividad lucrativa de una empresa privada desarrollada en un edificio público catalogado como Bien de Interés Cultural".