Un descarado monopolio ilegal

Valencia

Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Canarias, Catalunya, Aragón y la Comunitat Valenciana son las autonomías españolas donde la trama pactaba los contratos y repartía juego para evitar concurrencia de empresas. Todo a través de una red que también actuaba en Portugal.

Las decisiones se tomaban en las famosas cacerías a las que acudía Serafín Castellano. Cacerías que se celebraban en Manzanares, en Ciudad Real. Allí se realizaba el reparto con un descaro total. Era tal ese descaro que la red actuaba, según han confirmado a la SER, sin temor a que surgiera ninguna competencia puesto que las empresas del sector sabían perfectamente que allí donde actuaba la red nadie más podía entrar.

Serafín Castellano era, según las mismas fuentes, un peón más en esta monumental red que salpica a funcionarios y altos cargos de las administraciones responsables de la política antiincendios de las ocho autonomías salpicadas en un principio por una investigación que, por su calibre, acabará (es muy probable) en la Audiencia Nacional.

Sabedor de que la trama controlaba el reparto de contratos y no permitía la entrada de terceros, Castellano habría dejado bajo el control de Vicente Huerta, el propietario de AVIALSA, uno de los empresarios detenidos y supuesto pagador de los regalos al ex delegado del gobierno, los detalles de las campañas antiincendios. Desde la duración de las mismas, que se ampliaría, así como del presupuesto destinado que también se amplió con la firma del ex conseller que engordó el contrato con AVIALSA de 3'3 a 5'5 millones de euros.