Viernes, 03 de Diciembre de 2021

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El Supremo ve indicios contra Chaves, Griñán, Zarrías y Viera

El magistrado eleva exposición razonada a la Sala de lo Penal que será quien deba decidir si pide el suplicatorio. Mar Moreno queda fuera

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en una imagen de archivo.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en una imagen de archivo. / EFE

El juez instructor del caso de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, propone continuar el procedimiento contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera por un supuesto delito de prevaricación administrativa. En el caso de Viera también aprecia un supuesto delito de malversación de fondos públicos.

Barreiro pide a la Sala de lo Penal del Supremo que solicite el Suplicatorio, necesario para continuar el procedimiento contra ellos. El magistrado considera que Griñán, aunque no sea senador, debe ser enjuiciado con los restantes aforados.

Alberto Jorge Barreiro dice que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. Y se pregunta si la Intervención es eficaz cuando el que hace ese trabajo tiene que controlar a quienes lo han nombrado de forma discrecional.

El magistrado cuantifica en 855 millones el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. Sobre el perjuicio económico ocasionado a la administración andaluza, el magistrado cree que no se podrá saber hasta dentro de unos años.

Chaves, Griñán, Viera y Zarrías, según el magistrado del Supremo, dictaron resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia cuando aprobaron en los Consejos de Gobierno modificaciones presupuestarias para incrementar la partida con la que se pagaban los ERE, la 31L. Al incrementar esa partida para pagar subvenciones, al margen de la ley de subvenciones y usando transferencias de dinero de Empleo a la Agencia Idea, estaban usando un procedimiento ilegal.

Las subvenciones que se dieron quedaron sin fiscalizar, lo que facilitaba la discrecionalidad y la arbitrariedad a la hora de otorgar ese dinero. Requisitos éstos que exige el tipo penal de la prevaricación.

En cambio, el magistrado no aprecia el delito de malversación de fondos públicos en Chaves, Griñán y Zarrías que sí veía la jueza Alaya. No hay malversación porque no hay indicios de que supieran que estaban lucrando a terceras personas. José Antonio Viera, sí, según el juez era consciente de que beneficiaba ilícitamente a otros porque no concurrían en esas personas o empresas los requisitos necesarios para otorgarles las ayudas.

El juez considera que todos conocían las advertencias que hizo la Intervención a este sistema. Una Intervención que no hizo su trabajo como debiera, porque no redactó el informe de actuación . Por eso, Alberto Jorge Barreiro se pregunta si la Intervención es eficaz cuando el que hace ese trabajo tiene que controlar a quienes lo han nombrado a dedo.

El instructor pone de manifiesto la relevancia de las memorias de control financiero permanente que llegaban al consejo de gobierno y donde se decía, año tras año, que se incumplía la ley

Según Barreiro, se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal. También dice que el sistema de concesión de ayudas mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto.

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