Los principales imputados continúan declarando en la Audiencia Nacional
Esta mañana comparece el ex director general de la Autoridad Portuaria de Gijón, Jose Luis Díaz Rato, segundo imputado en testificar. La próxima semana continuará el procedimiento
El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach a su llegada a la Audiencia. / Juan M. Espinosa (EFE)
Gijón
Desde las diez de la mañana Díaz Rato responde a las preguntas del titular del Juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González. El exdirector general de la Autoridad Portuaria de Gijón está imputado por los sobrecostes de la obra de ampliación del equipamiento aunque según su abogado, Viliulfo Díaz, "no hay nada que esconder". "Mi cliente está muy tranquilo. Era un técnico que solo miraba por el beneficio de Gijón".
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Viliulfo Díaz, abogado Jose Luis Díaz Rato
Díaz Rato es el segundo miembro de la dirección en declarar. Este miércoles el turno fue para el expresidente de la Autoridad Portuaria Fernando Menéndez Rexach. El que fuera cabeza visible del puerto gijonés señaló que durante el desarrollo de las obras (2005-2011) nunca tomo decisiones de forma unilateral sino que se tomaron por unanimidad de los miembros del consejo de administración. En las cuatro horas en la Audiencia Nacional, apunto al número de controles que había pasado el equipamiento.
Su abogado Agustín Azparren apuntó a la salida de la Audiencia que "de haber alguna irregularidad sería de índole administrativo y no penal. Ninguna obra ha tenido tantos controles como esta".
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Agustin Azparren, abogado de Rexach
Puertos del Estado
El desarrollo de la investigación se sigue con atención desde el organismo público dependiente del Ministerio de Fomento. Su director José Llorca aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad en el transcurso de una visita a Avilés. "La problemática jurídica que tiene el puerto de Gijón es importante. Está actuando la Fiscalía Anticorrupción, está tomando las medidas que corresponde. Tenemos que dejar ahora que la justicia trabaje, que depure, si las hay, responsabilidades".
Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.
