Maeztu exige medidas ante el grave incremento de agresiones de hijos a padres
El Defensor del Menor traslada al presidente del Parlamento su informe anual, donde solicita mejor preparación de equipos de intervención para que puedan actuar con eficacia
Sevilla
Son datos alarmantes del Consejo General del Poder Judicial que el Defensor del Menor recoge en su informe anual.
En cinco años las condenas a jóvenes de entre 14 y 17 años por ejercer violencia contra sus padres han subido un 60 por ciento en Andalucía y estas conductas ya suponen el 16 por ciento del total de los delitos cometidos por los menores.
El perfil del joven agresor está cambiando. Son ya mayoría los procedentes de familias de clase media y alta que no han sabido poner límites. Estos jóvenes en muchos casos no aceptan que su situación económica ha cambiado y que sus padres no pueden mantener sus caprichos.
Jesús Maeztu ha urgido a mejorar la formación de los equipos de intervención para que se pueda abordar extrajudicialmente el problema. Ha exigido un cambio en las políticas de intervención y tratamiento de la administración pública. "Es un problema nuevo que requiere formación específica para poder intervenir y reeducar de forma integral, actuando en el seno de la familia y de los amigos, desde un punto de vista multidisciplinar", dice Maeztu. "La solución de este asunto no está en el Código Penal, pues su judicialización no trae consigo reeducación ni reinserción", ha sentenciado Maeztu.
Hacen falta también, según el Defensor, mecanismos que permitan sistematizar las estadísticas para poder poner sobre la mesa los recursos adecuados. "El asunto sigue siendo tabú y numerosas familias no se atreven a denunciarlo".
El Defensor afirma que los menores son "siempre víctimas, ya sean los agredidos o los agresores" y la crisis "ha cronificado sus problemas". Los jóvenes "reproducen toda la violencia que se ejerce contra ellos", los principales perjudicados de la coyuntura económica. Se trata, por tanto, de un problema social que requiere de la implicación de toda la sociedad, según Maeztu.
De hecho, según el informe anual que ha presentado el Defensor del Menor al presidente de la cámara andaluza, sólo el año pasado, 2889 familias acudieron a esta institución para denunciar vulneración de los derechos de los menores. El grueso de las intervenciones tuvieron que ver con denuncias relacionadas con deficiencias en la educación y con situaciones de exclusión social.
