Escaso control en las subvenciones de cuatro municipios en 2013
La Cámara de Cuentas recomienda a Colmenarejo, Moralzarzal, Valdemorillo y El Escorial que concedan subvenciones por concurso y no de forma directa
Madrid
En su último informe, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid expone sus críticas al sistema de concesión de subvenciones y ayudas públicas de cuatro ayuntamientos madrileños durante el año 2013: Colmenarejo, Moralzarzal, Valdemorillo y El Escorial.
Asegura este informe que en el conjunto de los cuatro consistorios el porcentaje de subvenciones concedidas con concurrencia competitiva no alcanza el 1% del total de obligaciones reconocidas, un hecho “contrario a los principios generales de la Ley, que expresamente establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, reservando a la concesión directa un papel secundario”.
Unas conclusiones a las que llega la Cámara de Cuentas después de estudiar las subvenciones destinadas a grupos políticos, agrupaciones deportivas, mancomunidades y cofradías, entre otros. Recomienda instaurar medidas para un mayor control de las subvenciones, como por ejemplo aprobar convenios “que regulen cada subvención concedida de tal forma que sea perfectamente comprobable que los importes recibidos han sido destinados a los fines para los que fueron previstos”, y también pide que el procedimiento generalizado sea el de la concurrencia competitiva (concurso o subasta), “tal y como exige la Ley”.
La Cámara también especifica que el consistorio de El Escorial es el único con una ordenanza general reguladora de subvenciones.
Aportaciones a los grupos políticos
En sus recomendaciones, la Cámara de Cuentas también pide a los cuatro ayuntamientos fiscalizados que ejerzan un mayor control sobre el dinero público que termina en las arcas de los grupos políticos municipales, ya que en la actualidad, según la Cámara, “no han sido suficientemente acreditadas en Moralzarzal”, ni ha sido justificada en El Escorial.
Recomienda “establecer un procedimiento para que los grupos políticos municipales tengan obligación de justificar las aportaciones recibidas, sin necesidad de que dicha documentación tenga que ser exigida por el Pleno”. Asegura que esto debe hacerse exigiendo facturas con el pago acreditado y “recoger claramente el destino de dichos fondos, de tal forma que se pueda verificar que dichas aportaciones respetan los límites que marca la ley”.
