Invitan a la Comunitat a comprobar el estado de la cabecera del Tajo

Valencia

Lejos de calmarse los ánimos, las posiciones en torno al Trasvase Tajo Segura siguen muy enfrentadas, ahora con la ofensiva del gobierno de Castilla-La Mancha que quiere invitar a los diputados valencianos a que comprueben de primera mano cómo está la cabecera del río Tajo.

Además, en una entrevista, el presidente de esa región, el socialista Emiliano García-Page, insiste en defender que se pare el trasvase e insta a abordar un debate nacional y no autonómico en materia hídrica.

Page señala que el debate no va con Ximo Puig o con el presidente de la Región de Murcia, sino que es un debate que se tiene que arreglar en el conjunto de España. Defiende un consenso nacional en torno al agua y critica que este debate no lo haya abordado "en serio" ningún gobierno.

También critica los intereses que buscan enfrentamientos entre socialistas, cuando el del agua es un problema territorial, afirma, no entre socialistas. Lamenta Page la "enorme traición" que hizo –a su juicio- su antecesora, María Dolores de Cospedal, a su comunidad en la legislación hídrica del Tajo ante la "presión", dice el presidente castellanomanchego, del Partido Popular de Murcia y de la Comunitat.

Desde el Consell, la consellera de Territorio y también diputada socialista, María José Salvador, afirma que la posición del Consell no es otra que la defender los intereses de los valencianos.

Además, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha responde a la viceprisedenta del Consell, Monica Oltra, que este fin de semana pidió a este gobierno que acabe con los pozos ilegales en su territorio, porque menguan los acuíferos. Según Elena de la Cruz, no es lo mismo reclamar agua en la cabecera del río que controlar los pozos ilegales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, insiste en que el agua no es patrimonio de nadie y solicita que se cumpla el memorándum de entendimiento sobre el trasvase Tajo-Segura firmado por cinco comunidades autónomas y el Gobierno de España.