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Los colectivos en defensa de la Sanidad, insatisfechos con la medida de Cifuentes

Marea Blanca considera que la orden, que permite prestar atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, es oportunista y electoralista

La Marea Blanca durante su última concentración en Madrid. / Paco Campos EFE

Madrid

Oportunista y con fines electorales. Es la respuesta de varios colectivos en defensa de la Sanidad pública a la medida tomada ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la que la región prestará atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, pero sólo en dicho territorio.

"Es un movimiento puramente político", ha explicado este sábado la portavoz de la mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Carmen Esbrí, que defiende un trato "igual que al del resto de personas" para todos los migrantes de la región.

El PSOE de Madrid, con el apoyo de Podemos y la abstención de Ciudadanos aprobó el 23 de julio una Proposición No de Ley que instaba al gobierno de Madrid a tomar medidas en el plazo de un mes. Ese plazo se agotaba este domingo. El PP votó en contra hace 30 días, pero, ahora, Cifuentes ha decidido recular.

"El PP madrileño sabe que en este asunto se encuentra en minoría dentro de la Asamblea", ha argumentado Marciano Sánchez Bayle, presidente de otro de los colectivos que forman la Marea Blanca, que tilda de "inconsistente" la postura del Gobierno que preside Mariano Rajoy de negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales.

Dicha postura consistía en llevar al Tribunal Constitucional a las cuatro regiones —Navarra, País Vasco, Andalucía y Asturias—, que devolverán la tarjeta sanitaria universal a todos los inmigrantes en situación irregular. Este sábado, sin embargo, Rajoy ha anunciado un modelo de atención sanitaria único para los "sin papeles".

Los colectivos en defensa de la Sanida pública, por su parte, tienen clara cuál es la solución: volver a la anterior situación. Coinciden en que lo "acertado y lógico" sería disfrutar de una sanidad universal para todos. "Los inmigrantes también son ciudadanos. No vale hacer jueguecitos de segunda regional", ha sentenciado Esbrí.

 
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