La Junta destinará 3,8 millones a ayudas al alquiler para familias desahuciadas
El consejero de Fomento aclara que pese a que la Junta publicó en agosto en el BOJA la suspensión de las ayudas, ha sido "un trámite distinto al cierre de la convocatoria"
Sevilla
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha informado hoy de que las ayudas al alquiler para la familias desahuciadas contarán con un presupuesto de 3,8 millones, tras ampliarse en verano en 1,5 millones la dotación prevista para garantizar la atención al elevado número de demandantes.
Felipe López ha aclarado, en comisión parlamentaria, que la Consejería publicó en BOJA en agosto la suspensión temporal de la orden con el fin de "asegurar a los solicitantes que, siempre que cumplan las condiciones, existirá dotación económica con la que responder a su demanda y no generar obligaciones económicas sin recursos".
En ese sentido, ha matizado que la suspensión "es un trámite administrativo que se utiliza en un ejercicio de responsabilidad y rigor en la gestión para garantizar la tramitación de todas las peticiones registradas y no crear falsas expectativas permitiendo que se continúe la presentación de nuevas solicitudes que no tendrían cobertura presupuestaria".
El consejero ha querido dejar claro que la suspensión es "un trámite distinto al cierre de la convocatoria", según ha informado en un comunicado la Consejería.
En su intervención, ha explicado que como consecuencia de la ampliación del crédito se levantará la suspensión del plazo de presentación de solicitudes para que puedan beneficiarse de las ayudas el mayor número posible de personas afectadas y de que se pueda continuar con la gestión de las peticiones sin necesidad de redactar y aprobar una nueva convocatoria.
"En estos momentos se está tramitando la modificación que se encuentra actualmente en la última fase de informes preceptivos y que será efectiva tras su publicación en BOJA", ha apuntado.
Esta orden, a la que se ha presentado 515 solicitudes, da respuesta a las personas desahuciadas que no podían beneficiarse de la aplicación de la Ley sobre la Función Social de la Vivienda al estar suspendida por el recurso planteado por el Gobierno del Estado a esta norma ante el Tribunal Constitucional.
De hecho, dan cobertura al mismo perfil de familias en situación de emergencia social que la Consejería protegía mediante la expropiación temporal de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por el citado recurso del Gobierno.
Los requisitos que deben acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
Esta línea de apoyo al alquiler, que supone un importe medio de 3.290 euros, también protege a los avalistas que acrediten una situación de emergencia social por encontrarse su vivienda en ejecución tras haberla ofrecido como garantía del citado préstamo a un familiar.
El periodo máximo de concesión de la ayuda son tres años, al igual que ocurría con la expropiación del uso recogida en la Ley recurrida parcialmente por el Gobierno estatal.
