Tres exconsellers de educación bajo sospecha

Valencia

Compromís denunció en su día, en el verano de 2014, que la Conselleria abonó, al parecer de forma irregular, nóminas de personal docente jubilado que no trabajaba; que los centros concertados de las dos Federaciones existentes en la Comunitat, la católica FERE, y la laica FECEVAL, percibieron, supuestamente, dinero por encima de lo estipulado en sus respectivos conciertos y la existencia de, al menos, diez "liberados de la patronal". Diez personas que cobraban como maestros de la concertada sin serlo amparados en esa figura que carece de cobertura legal.

La fiscalía cuenta con un informe de la intervención de la Generalitat relativo a 2013 que cifra entre dos y tres millones de euros lo pagado por encima de lo estipulado en los conciertos. El citado informe subraya que "los empleados públicos que tramitan las nóminas (de los maestros de la concertada) no pueden contrastar que las horas que se introducen en el programa a efectos del pago delegado de la nómina (la pagan los propios centros) correspondan con los horarios lectivos del profesorado".

Asimismo afea a la Conselleria que "no ha aportado toda la documentación requerida por los peritos encargados de la elaboración del informe" y en relación con los denominados "liberados patronales" concluye que "la Conselleria está pagando sin cobertura legal las nóminas de personal contratado por los centros privados concertados que, sin embargo, desarrolla su trabajo en las federaciones de empresarios FERE y FECEVAL".

La investigación ha fijado el año 2008 como límite para considerar que existen supuestas responsabilidades. De esa forma, las irregularidades que se investigan afectarían hasta tres ex conselleres de educación de anteriores ejecutivos del PP presididos por Francisco Camps y Alberto Fabra: Alejandro Font de Mora (que fue también president de les Corts); José Císcar que también fue vicepresidente del Consell y la actual portavoz de los populares en la cámara autonómica, María José Catalá.

REACCIONES

La Conselleria actual asegura que todavía no ha recibido el requerimiento de la Fiscalía para cubrir las lagunas que dejó el anterior equipo aunque insiste que "en el momento llegue facilitará toda la información posible". Y añade que si se demuestran estas prácticas "significaría que había prácticas mafiosas de desvío de fondos públicos para negocios privados" ahogando, además, a la escuela pública.

La SER se ha puesto en contacto con la última consellera popular, María José Catalá, que se muestra sorprendida. Afirma que estamos ante una cuestión "meramente administrativa" y subraya que la misma Intervención que tan crítica se muestra en el informe ha avalado sistemáticamente esos pagos sin poner el menor reparo.