El ideario de la reconstrucción
El sector de la promoción inmobiliaria en Aragón y los agentes sociales se unen para pedir implicación pública.

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Zaragoza
Acuerdo entre los sindicatos y la asociación de constructores y promotores de Aragón para relanzar este sector. El documento que han firmado está ya en manos de las administraciones y en él se recogen medidas para reformar este ámbito y darle mayor racionalidad y flexibilidad. Vivienda más barata, menos normativa y más implicación de los gobiernos.
Quieren colaboración de los ayuntamientos y de la DGA, pero advierten de que esa colaboración no lleva aparejado un coste extraordinario. El sector ha entonado el mea culpa con este documento y por eso, para el consumidor, el mensaje es poder adaptar la oferta a sus necesidades, es decir, bajar el precio y que no se repercuta en los salarios sino en la productividad. Propugnan los agentes sociales la elaboración de un pacto social con administraciones, partidos y organizaciones con un horizonte de ocho años, eso sí, teniendo en cuenta el crecimiento de población inferior a la media nacional en Aragón.
Propugnan medidas concretas también, como estudiar moratoria sobre la normativa técnica, incrementar la edificabilidad y la densidad en la construcción. Además reenfocar el foro de la vivienda y de la construcción porque aseguran que la legislatura pasada fue perdida. Constituir observatorio de la contratación pública y favorecer a las empresas locales.
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Divide y vencerás
Los promotores y los sindicatos tienen claro que porcionar más las licitaciones es el camino para el crecimiento de las pymes. Es una idea en la que hace tiempo que insisten: que los lotes que se licitan sean de menor tamaño para que los más modestos puedan entrar en la pelea. Le piden también al gobierno que enajene inmuebles públicos para tener más dinero y a los ayuntamientos, en ese proceso de reforma, lo mismo para sus contratas, que se hagan por lotes para favorecer el acceso de firmas locales.
En cuanto a las viviendas de protección oficial, quieren que se reduzcan sus condicionantes, se eleve el nivel de ingresos máximos, eliminar procedimientos administrativos de adjudicación y que se mantengan los precios y superficies máximas. A la DGA le piden que medie ante el BEI para financiar proyectos de VPO. Además, las empresas que transformen sus viviendas libres en alquiler VPO pudieran tener beneficios y quitas con la SAREB o los bancos.
En el ámbito de fiscalidad, abogan por desarrollar un nuevo concepto caracterizado por tres aspectos: la neutralidad, gravar más la tenencia que la transmisión y la adaptación a Europa. Quieren además reanudar el plan de choque de la construcción y que la jubilación anticipada se produzca sin la reducción de pensiones, además de un plan de empleo y profesionalización del sector.




