Imputado por malversación pacta su propio despido

Valencia

Emilio Pérez, exdirector de AIDO, fue detenido en junio pasado en el marco de una investigación por fraude en subvención y malversación de caudales públicos. Concretamente se investigan posibles irregularidades en la justificación de los gastos de diversas subvenciones públicas por, al parecer, varios millones de euros. Un caso bajo secreto.

Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes de toda solvencia, Pérez dimitió pero el Consejo Rector le mantuvo en plantilla porque, como al resto de trabajadores, se le adeudaba, en ese momento, nómina y media. Según las fuentes consultadas por la SER el mismo Consejo Rector acordó el despido con el exdirector de espaldas a la plantilla que solicitó que se despidiese definitivamente a Pérez por vía disciplinaria dada la gravedad de la imputación.

Pero finalmente, y tras acordar el 31 de julio pasado un "despido objetivo" por causas económicas e ineptitud en el cargo, en la primera semana de agosto, AIDO le abonó más de 5000 euros y le firmó el despido a 20 días que él mismo había negociado por una cuantía superior a los 71.000 euros e incluyendo conceptos, como el pago de las nóminas que se le adeudaban que no hubiera cubierto el FOGASA, nómina y media (5.111 euros). El Fondo de Garantía Salarial sólo cubre cuatro nóminas. A Pérez AIDO le debía cinco nóminas y media. Se da la circunstancia, además, de que esa semana, la primera de agosto, los técnicos del instituto (sin cobrar) habían facturado una cantidad similar, 5700 euros, en cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

El finiquito pactado va en contra de los propios estatutos de AIDO que en su artículo 23 recoge que el director "será nombrado previa aprobación del IMPIVA". Y añade que "para el cese se cumplirán trámites análogos, pudiendo tener lugar a petición del interesado o por decisión del Consejo". Es decir, el IVACE como miembro nato del Consejo Rector, debiera haberse pronunciado pero ni tan siquiera fue informado.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El presidente de AIDO no ha respondido a los requerimientos de la SER y tampoco ha podido aclarar, por tanto, los detalles del otro despido pactado, el del ex subdirector de la entidad, José María Guijarro, que llegó a manifestar a la plantilla que se marchaba de forma voluntaria "con una mano delante y otra detrás" cuando en realidad cobró 170.000 euros en un despido firmado por el propio presidente.

De hecho, durante meses, la prioridad de pago fueron las letras de aquel despido, a razón de 10.000 euros al mes, retrasando pagos a socios de proyectos europeos y otros proveedores. Amén de no pagar las nóminas de la plantilla.

Desde primeros de septiembre AIDO, sin apoyo financiero y con sus cuentas embargadas por la Seguridad Social, está abocada al Concurso de acreedores y posterior cierre tras 27 años de actividad. Ya la semana pasada presentó un ERE.