El gobierno canario 'jubila' los sorteos de viviendas sociales
La consejería de Políticas Sociales y Vivienda asegura que tienen los mecanismos suficientes para determinar cuáles han de ser las familias prioritarias.
Santa Cruz de Tenerife
La responsable autonómica de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha confirmado, en comisión parlamentaria, que su departamento va a iniciar un proceso participativo la adjudicación de viviendas sociales. “No se puede someter el derecho a la vivienda a la suerte”, ha apuntado la consejera. Por ello, ha avanzado que van a “poner en marcha parámetros de valoración con los especialistas” para poder llevar a cabo la medida.
Dependencia y PCI
Además, Hernández, ha dado a entender que Canarias va a desbloquear al acceso de nuevas personas al sistema de la dependencia y lo hará con una partida de 1,9 millones de euros, que se habilitarán a través de la ley de crédito extraordinario. Esto, según la consejera permitirá que las Islas “se pongan al día” en esta materia.
Esta cantidad se va a sumar a los 7,5 millones de euros que el Ejecutivo regional va a destinar a mejorar la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para dar nuevas altas y atender a las renovaciones porque “lo urgente no puede esperar”. Una ayuda que quieren complementar con una mayor coordinación con los colectivos de psicólogos o trabajadores sociales. De hecho, Hernández ha adelantado que ese trabajo se va a producir “codo con codo” para tener en cuenta sus aportaciones “y hacer una valoración ágil de la PCI”.
Además, la también vicepresidenta del gobierno ha afirmado que pretende impulsar una ley de agentes sociales, un consejo canario de los mayores y poner en marcha un plan contra la soledad de estas personas “coordinado con los ayuntamientos”.
La oposición habla
El portavoz del grupo mixto, Casimiro Curbelo, ha lamentado que de los 39,9 millones de euros previstos en la ley de crédito extraordinario sólo se destinen 9,4 millones a las necesidades sociales y el resto “a abonar la paga de los funcionarios”.
Alberto Campos, de Nueva Canarias, se ha referido a los 7,5 millones de euros que va a destinar el gobierno regional a la PCI. Ha apuntado que “ni con el doble de ese dinero creo que pueda atenderse a las renovaciones de la prestación y a las incorporaciones al sistema”.
La portavoz de Podemos, María del Río Sánchez, ha pedido una mayor implicación con los mayores y con los menores de las Islas. Para ella, hay un dato que habla por sí solo y que pasa desapercibido para sus señorías. “En Canarias hay 6.000 niños en desamparo”, ha apuntado.
El Grupo Parlamentario Popular ha optado por plantear que “el hambre no espera”. Fue el argumento empleado por la diputada Josefa Lutzardo para pedirle a la consejera Patricia Hernández que “no podemos esperar dos años por un plan contra la pobreza”.
Los grupos que sustentan al gobierno, nacionalista y socialista, han puesto en valor las primeras medidas de la consejería de Políticas Sociales y han hecho una petición. “Que se pongan las partidas necesarias para atender la demanda social real del archipiélago”.
