“Fue la propia Esperanza la que dijo que nos dejaran aquí”

Madrid

“Fue la propia Esperanza la que dijo que nos dejaran aquí, ¿no es cierto?”. El que habla es uno de los agentes de la Guardia Civil imputados en el conocido como caso espías, que investiga los seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, altos cargos de la Comunidad de Madrid, y el lugar desde el que lo hace es el chalet de Francisco Granados en octubre de 2012. A lo largo de cincuenta y nueve minutos de grabación, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los imputados en esta causa judicial reabierta tres veces aseguran que fue Esperanza Aguirre la que les prometió mantenerles en su puesto al menos hasta que terminase la legislatura.

En la grabación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Francisco Granados recomienda a los agentes que cuando hablen con Luis Armada, entonces viceconsejero de Interior, le recuerde el compromiso: “La Presidenta nos garantizó la legislatura y nos parece muy mal que ahora no cumpláis”, les recomienda decir. Los tres expresan su preocupación por la posibilidad de perder esta protección: “Si echan este órdago, ¿tú por qué crees que es? ¿Por qué se atreven a hacer esto?”, pregunta uno de los agentes a lo largo de la conversación, haciendo alusión a una reunión con Armada.

Se trata de una investigación judicial en la que, por el momento, permanecen imputados tres guardias civiles, un funcionario y dos ex altos cargos de Seguridad, Sergio Gamón y Miguel Castaño, y en la que se investiga si estos seguimientos pudieron financiarse con dinero público. Dos de los tres agentes han declarado en sede judicial que cumplían órdenes de sus superiores para espiar a los adversarios de Esperanza Aguirre dentro de su propio partido, y que en cualquier caso nunca llegaron a espiar a ningún alto cargo. Entre los seguimientos que reconocieron haber hecho, además de Cobo y Prada también les habrían ordenado practicarlos a Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz-Gallardón, aunque se habrían negado a realizarlos. Según explicaron ante la juez, fue Sergio Gamón quien reconoció que fue Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad, quien habría encargado estos seguimientos.

Se trata de una grabación realizada a finales de 2012 –parte de cuyo contenido desveló el diario El Mundo– y que varios de los acusados de este caso han pedido incorporar a la causa para demostrar que se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores políticos y que todo es “un montaje”. La jueza, por el momento, se ha negado.

“Salva se cree el rey del mambo”

A lo largo de la grabación, los acusados y Francisco Granados hablan de Salvador Victoria, entonces recién nombrado consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid: “El Salva está muy subido, se cree el rey del mambo”, asegura Granados, al tiempo que uno de los guardias civiles asegura que “le hemos amenazado sutilmente”, desprendiéndose que han insinuado la posibilidad de reconocer los hechos ante la justicia. “Se ha acojonado por nuestra vuelta a la Guardia Civil y por lo que eso conlleva”, concluye otro de los agentes.

A lo largo de la conversación de una hora de duración en el domicilio de Francisco Granados, los acusados expresan su preocupación por que este caso espías se eternice en los tribunales: “Al estar imputado estoy siempre con la espada aquí a cuestas…” asegura uno de ellos. “Yo te digo que esto lo pueden archivar”, contesta Granados, a lo que otro agente replica que “Esto va para largo, te lo digo yo, que va para largo”.

“¿Qué espionajes?”

Tal y como han defendido a lo largo de la instrucción judicial de este ‘caso del espionaje’, en el domicilio de Francisco Granados los acusados también pusieron en tela de juicio que su actividad de seguimiento realizada pueda considerarse como espionaje: es Granados el que segura que “la única prueba de que ha habido unos espionajes o seguimientos son los putos papeles”, a lo que uno de los guardias civiles contesta preguntando “¿Qué espionajes?”, añadiendo que los papeles que dan fe de seguimientos a Manolo Cobo son “dos matrículas y cuatro palabras”. Granados llega a decir también que “Si es que todo esto es un montaje”.

La causa del supuesto espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid lleva seis años en los juzgados de Plaza de Castilla, y en la actualidad se instruye por un posible delito de malversación de fondos públicos después de que la Audiencia Provincial haya ordenado su reapertura por tercera vez. Las partes también están a la espera de que este organismo supervisor resuelva sobre las recusaciones presentadas por Ramón González Bosch, abogado de dos de los tres agentes, contra la jueza instructora: en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil en el transcurso de la Operación Púnica, Francisco Granados afirmaba a su esposa que la magistrada le dijo que estaba “para servirle”.