14 avisos por la falta de información sobre Campus de la Justicia
El presidente de la Cámara de Cuentas ha inaugurado las comparecencias en la Comisión de Estudio sobre el Endeudamiento de la Comunidad. Ha pedido que se cambie la ley para que la Cámara de Cuentas tenga "capacidad sancionadora" y evitar que se repita.
Madrid
"No se puede matar al mensajero". Con estas palabras Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, ha defendido que nunca existió "dejación de funciones" sino falta de información por parte de la sociedad de Campus de la Justicia. Ha asegurado que, de 2007 a 2009, las cuentas llegaron pero fuera de plazo, y de 2010 a 2014 nunca se llegaron a presentar. Algo que el organismo que preside notificó "en 14 ocasiones" tanto a la Asamblea como al Gobierno regional, por lo que Canalda considera que la Cámara de Cuentas "ha cumplido perfectamente con su obligación". "Hemos hecho mucho más de lo que teníamos que hacer", añadió.
Canalda ha sido el primero en comparecer en la comisión sobre la deuda autonómica durante las dos últimas legislaturas, que ha comenzado este martes en la Asamblea de Madrid a petición del grupo parlamentario Podemos. En su declaración, el presidente de la Cámara de Cuentas también ha reconocido que en 2012 se realizaron en la sociedad Campus de la Justicia "nuevas aportaciones y provisiones a pesar de estar en proceso de disolución".
También ha comparecido ante la comisión de estudio el liquidador, Miguel Ángel Fernández Calvo, que ha defendido que "todo el trabajo para la extinción de la sociedad ha sido sumamente correcto y profesional". Aunque ha reconocido desconocer dónde han ido a parar los 100 millones de euros que se invirtieron en el proyecto. "No sé dónde están, no tengo porqué saberlo", afirmó.
Además, ha explicado que el periodo de liquidación se llevó a cabo entre el 31 de julio de 2014 y el 5 de febrero de 2015, después de que la junta de accionistas del Consejo de Gobierno de la Comunidad lo aprobara por unanimidad, tras más de un año sin actividad en la sociedad.
Miguel Ángel Fernández Calvo era trabajador de la Consejería de Presidencia y Justicia cuando fue elegido para liquidar la sociedad, aunque no ha querido desvelar cuáles eran sus funciones. "No he sido consejero ni director general", aseguró. PSOE y Podemos han criticado que el Gobierno de la Comunidad escogiera a una persona sin una formación cualificada (es licenciado en Políticas y Sociología) para llevar a cabo este cometido. La portavoz socialista en la comisión, Mercedes Gallizo, ha calificado de "sorprendente" que el Gobierno regional hiciese un "nombramiento político" para liquidar esta sociedad. "Cuando acabemos de ver las cuentas que se encierran detrás quizá entenderemos cosas que ahora no entendemos", sentenció.
En la comisión de estudio sobre deuda, que se celebrará cada quince días, se analizará también la situación del Canal de Isabel II, de Metro de Madrid o de la empresa pública de la Comunidad Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, que suscribió contratos con la trama Púnica y Gürtel.
