El juicio del 'caso Nóos' arrancará el 11 de enero de 2016
La Audiencia de Palma rechaza que Felipe VI declare como testigo
Palma de Mallorca
La Audiencia Provincial ha fijado para el 11 de enero a las 9 y media de la mañana el inicio del juicio del caso Nóos. La Infanta Cristina, para la que se piden ocho años de cárcel como cooperadora en dos delitos fiscales, su marido, Iñaki Urdangarin, y 16 acusados más se sentarán en el banquillo cinco años después de que el juez José Castro iniciara la investigación sobre las actividades presuntamente irregulares del Instituto Nóos. La instrucción ha girado en torno al presunto desvío de más de seis millones de euros públicos.
El juicio se va a celebrar en una sala del Polígono de Son Rossinyol dada la expectación mediática de la causa y el elevado número de acusados. Allí ya se celebró el juicio por el caso Kabul contra los principales clanes de narcotráfico en las Islas.
Antes, el viernes día 23 de octubre, la Audiencia ha citado a todas las partes para fijar la totalidad de sesiones de la vista oral y cómo transcurrirá el juicio que se algargará durante varios meses.
Además de fijar la fecha de inicio, la audiencia ha explicado hoy qué pruebas solicitadas por las partes acepta y cuáles no.
Entre estas últimas, rechaza por imperativo legal que Felipe VI declare como testigo tal y como había pedido la defensa de Diego Torres, el que fuera socio de Urdangarin.
Quienes sí declararán como testigos son el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el ex Ministro Alberto Ruiz Gallardoón, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
Además de a Felipe VI, el tribunal tampoco estima las de don Juan Carlos y doña Sofía, la infanta Elena, Jaime de Marichalar y tampoco la de Corinna
En total son 363 testigos y 21 peritos. Los interrogatorios tanto a acusados como a testigos van a centrarse sobre todo en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 6 millones 200 miel euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
Una de esas empresas, es Aizoon, de la que la Infanta Cristina es coopropietaria con Urdangarin. El tribunal quiere saber cómo se constituyó esta sociedad y qué papel tuvo la hermana del rey. La fiscalía sospecha que fue una tapadera de la que se sirvió Urdangarin para desviar fondos públicos y defraudar más de 300 mil euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Urdangarin y la Infanta son dos de los principales acusados pero hay más.
El exsocio Urdangarin en Noos, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, el excontable del Instituto, Marco Antonio Tejeiro, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el banquillo también se van a sentar acusados de aquí, de las Islas.
Están el expresident Matas, el que fuera director general de Deportes Pepote Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exasesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía.
Además también hay cargos de la Comunidad Valenciana y de Madrid.
La Fiscalía ya presentó en su día su escrito de acusación con peticiones de más de cien años de cárcel en total. Para la Infanta no reclama penas de prisión.
Son 19 años y medio para Urdangarin, y 16 y medio para el que fuera su socio, Diego Torres.
En cuanto a Cristina de Borbón, el fiscal Pedro Horrach no considera que existan indicios delictivos sobre ella. Sí que la considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de casi 600 mil euros obtenidos a través de Aizoon, una de las empresas investigadas.
Quien sí pide penas de prisión para la infanta es Manos Limpias, la acusación popular.
Considera a la hermana del rey cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El sindicato sostiene que su papel fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar a Hacienda.
El tribunal que enjuiciará la causa está formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y la magistrada designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero.
