Interior admite irregularidades en los CIE
El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Extranjería y Fronteras admite en una comunicación con juzgados de Las Palmas que incumple la legalidad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)


Las Palmas de Gran Canaria
En respuesta a un auto emitido por la jueza de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, el Ministerio del Interior dice que incumple la ley porque no hay dinero. En el citado auto al que ha tenido acceso la SER, la jueza Victoria Rosell se queja de varios asuntos sobre los que pide protección para las personas internas y pide también su pronta solución.
El auto está fechado a finales de julio y explica, entre otras cosas, que hay una restricciones en el derecho a la comunicación, que se deriva de una limitación del derecho de emitir y recibir comunicaciones, ausencia de locutorios y recuerda, además, que no se garantiza el derecho a formular quejas directamente al Juzgado de Control al no disponer de medios necesarios. Además, también expone que se incumple el reglamento, en la atención sanitaria tanto en la vertiente psíquica como física. Igualmente critica que solo se ha cubierto el personal policial que prevé la ley, excluyendo, por ejemplo, a trabajadores sociales.
El auto de la juez Rosell hace especial hincapié en la doble discriminación que sufren las mujeres, a su juicio, dado que no hay personal policial femenino. Igualmente, destaca que en los kit de higiene no se incluye material específico de higiene femenina y dice, literalmente, que se han detectado casos de aislamiento de facto.
El 23 de septiembre se recibió la respuesta de la Dirección General de Fronteras y Extranjerías. En el documento, al que ha tenido acceso la SER, se admite que no se ha cumplido la legalidad, literalmente, por las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exigen y reconocen que si cumpliese el auto emitido por la juez Rosell tendrían que cerrar no solo el CIE de Barranco Seco sino todos los del Estado. Ante la coyuntura del auto y la admisión de Extranjerías, Interior pide un dictamen a la Abogacía del Estado para tomar una decisión al respecto.




