Los ayuntamientos canarios recurren a una ley de 1987 para poder seguir prestando los servicios sociales

Santa Cruz de Tenerife

Los sesenta ayuntamientos canarios con menos de 20.000 habitantes confían en un informe jurídico que han solicitado a la Consejería de Presidencia para poder seguir prestando los servicios sociales. En ese texto piden que el departamento autonómico determine la idoneidad o no de poder acogerse a una ley de 1987,que les pernita evitar la nueva Ley de Racionalización Estatal, que acabaría con la prestación de esos servicios por parte de las corporaciones locales.

El presidente de la FECAM, Manuel Ramón Plasencia, ha señalado que esta posibilidad "es una puerta que le dejaron abierta" y que esperan sirva de "solución". Es una alternativa que barajan los municipios afectados para tener un respaldo "legal" al que agarrarse para evitar "un caos".

Si el informe jurídico fuese negativo, Plasencia advierte problemas porque la ley estatal es "una norma de obligado cumplimiento. Lo que sucede es que "el ciudadano no va a entender que cuando toca en la puerta del ayuntamiento" la competencia en servicios sociales ya no depende de la administración más cercana sino de la comunidad autónoma.