Alfonso Alonso y Javier Maroto serán juzgados por el Tribunal de Cuentas

Vitoria

El Tribunal de Cuentas de España celebrará un juicio contable contra el exalcalde de Vitoria y ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el secretario sectorial del PP Javier Maroto y otros siete miembros del equipo municipal de la capital alavesa en 2007, por el alquiler gravoso de unos locales.

El Tribunal de Cuentas ha dictado un auto en el que señala que las demandas de las partes personadas, entre las que figura el Ayuntamiento de Vitoria, ahora gobernado por el PNV, así como otra formulada de forma conjunta por PNV y PSE, se decidirán en un "juicio ordinario" en este órgano fiscalizador debido a que las cuantías reclamadas superan los 6.000 euros.

La consejera de cuentas del tribunal que ha emitido el auto en el que da la razón a los nacionalistas y socialistas al entender que la cuantía del perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Vitoria por ese alquiler es "indeterminada".

El fiscal del Tribunal de Cuentas se ha ratificado en que el daño a las arcas municipales ronda el medio millón de euros, cuantía que se impuso como fianza a la junta de gobierno del consistorio que adoptó la decisión de alquilar el local en 2007, cuando Alfonso Alonso, recientemente elegido presidente del PP vasco, era el alcalde de Vitoria y Javier Maroto era concejal de Hacienda.

Los nueve miembros a los que se investiga en esta causa tuvieron que depositar avales por ese importe.

No obstante la consejera de cuentas estima que esa cantidad es aún "indeterminada", ya que como alegaron el PNV y el PSE hay partidas derivadas de ese alquiler que no se han podido cuantificar, como el coste de unas obras, las cuotas de la comunidad y otras rentas.

El Tribunal de Cuentas investiga desde hace meses el alquiler firmado en 2007 por un periodo de 20 años de unos locales para albergar oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria, al apreciar una posible "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, ya que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales.

Además, la renta se actualizó cada año entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, el Ayuntamiento asumió los gastos de comunidad e incluyó una cláusula que obligaba a mantener el contrato durante 20 años, ya que en caso de rescisión se debía abonar la renta hasta 2027.

En noviembre de 2013 el Ayuntamiento de Vitoria, gobernado entonces por Javier Maroto, renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30 %, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación.

Todo ello llevó al tribunal a considerar que hay "indicios suficientes" de una mala praxis en la gestión de este alquiler, por lo que en un plazo de ocho días fijará la fecha de una audiencia previa, en la que las partes -Fiscalía, Ayuntamiento y grupos PNV y PSE- propondrán pruebas y posteriormente se celebrará el juicio.