Imputadas 26 personas en el caso PLAZA
Larga es la lista de delitos, entre ellos, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, fraude, exacciones ilegales o prevaricación.
Cadena SER
Zaragoza
Se cierra la Instrucción del caso PLAZA. Lo ha comunicado esta misma mañana José Ignacio Martínez Esteban, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza y encargado de enjuiciar el supuesto sobrecoste de más de 150 millones de euros en la urbanización de la plataforma logística. En total, 26 personas han sido imputadas, entre los que se encuentran su exgerente, Ricardo García Becerril , su esposa y sus hijas, el empresario Agapito Iglesias, el exconsejero delegado Carlos Escó, Miguel Ángel Bretón y José María Jordán, exgerentes de la UTE y trabajadores de Acciona, y Miguel Ángel Pérez, director técnico.
La lista de imputados es larga, son 26 personas las que señala el juez como presuntas responsables de este caso de corrupción, pero también lo es la lista de delitos: 19, entre ellos, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, fraude, exacciones ilegales o prevaricación.
La causa que cuenta con más de 15.000 folios comenzó a investigarse a raíz de una denuncia presentada por el exgerente Jesús Andreu el 14 de agosto de 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción, bajo la sospecha de que se habían estado cargando a la sociedad pública facturas de obras no ejecutadas. Recordemos que Plaza sacó a licitación pública la dirección de las obras de urbanización, que se desarrollaron en 3 fases.
La primera se adjudicó a la UTE de Acciona/Mariano López Navarro a pesar de no haber sido la que mejor puntuacion obtuvo en el concurso. Dice el juez en su auto que es el propio gerente, Ricardo García Becerril quien, en connivencia con el director técnico, Miguel Ángel Pérez y José María Jordán, trabajador de Acciona, quien manipula las cifras. Algo similar paso en la segunda fase, donde el propio García Becerril le comunica mediante un email a Miguel Ángel Pérez que ha de afinar algo más la puntuación.
Esta adjudicación se vio recompensada económicamente posteriormente. En concreto, sigue diciendo el auto, García Becerril vio incrementar su patrimonio personal y el de su familia más cercana (sus hijas y su esposa también imputadas). Hizo reformas en varios inmuebles que además fueron llevadas a cabo por personas como Miguel Ángel Cantero o los hermanos Langa, conocedores de la falsedad y del enriquecimiento que esto suponía. Gratificaciones que llegaron también a otros imputados como el delegado de Intecsa Inarsa, encargada de la dirección facultativa de PLAZA.
El juez también explica cómo actuaban. Recoge en su auto de más de 100 folios, que existen indicios para considerar que se formó un entramado dentro de la UTE de PLAZA para obtener facturas por trabajos ficticios no realizados o por lo menos sin relación con las obras de la plataforma, todo con el fin de obtener un dinero aparentemente de cauce licito y posteriormente repercutido a Plaza. Un plan que urdieron los principales responsables de las obras.
De hecho, consideran que el desfase entre la obra certificada y valorada pericialmente asciende a mas de 150 millones de euros, un dinero destinado al enriquecimiento de las propias empresas constructoras, terceras personas físicas y jurídicas relacionadas con las obras y el patrimonio propio de Ricardo García Becerril y de su esposa e hijas. Dicha disposición de fondos de la sociedad pública no se hubiera podido realizar sin la intervención de los gerentes de la UTE y del director de las obras que expedían las certificaciones que originaban los pagos indebidos por parte de PLAZA. También resultaba necesaria la colaboración del resto de trabajadores indicados de la UTE PLAZA, que ocupaban puestos de jefatura en el desarrollo de la obra.
