Defensa y crítica al impuesto por cable y las depuradoras
Soro defiende que el impuesto que gravará a las estaciones de esquí ya se puso en marcha en 2007 con un gobierno PP - PAR y Olona señala como prioritarias las depuradoras de Utebo, Calaceite y Maella, y pone en cuestión el sistema de concesión

Sesión plenaria en las Cortes de Aragón / Cortes de Aragón

Zaragoza
La defensa y la crítica a la propuesta fiscal del Gobierno de Aragón para el próximo ejercicio sigue marcando el debate político en la comunidad autónoma. Hoy, en la sesión de control al gobierno, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha defendido en las Cortes el impuesto por cable, que grava a las estaciones de esquí. El Partido Aragonés ha criticado esta medida porque piensa que va a perjudicar a la economía de los valles. La diputada del PAR, Berta Zapater, considera que ese impuesto va a provocar "la subida de precios del forfait y en la disminución de puestos de trabajo".
Pero el consejero José Luis Soro recordaba que este impuesto se puso en 2006, se mantuvo en los primeros años de la crisis, y con un gobierno en el que estaba el PAR "y entró en vigor en el año 2007, en un gobierno de coalición en el que el PAR tenía nada menos que 4 consejeros"
Otro consejero, el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha defendido la necesidad del conocido como impuesto de contaminación, para conseguir el objetivo de depurar las aguas residuales de Aragón.
Le preguntaba el Partido Popular por la política de saneamiento de aguas de su departamento. Olona ha dicho que ahora mismo son prioritarias las depuradoras de Utebo, Calaceite y Maella. Y añadía que para llevar a cabo la depuración es necesario recaudar, "cobrarlo a todos los municipios y ciudades y pueblos de Aragón porque eso es lo que estaba previsto; si no fuera así el sistema es insostenible".
Olona además ha puesto en cuestión el sistema de concesión para depurar las aguas, porque las empresas cuando llegó al crisis no pudieron afrontar los costes. El consejero ha remarcado además que "considero que el modelo establecido, y no digo de colaboración público - privada sino el modelo concesional, que conlleva riesgos de privatización y eso no es coherente con el carácter público del agua".




