CEPYME, contra el impuesto de hidrocarburos y por la progresividad
De aplicarse el de la gasolina, habrá una pérdida de entre el 10 y el 20 por ciento de los repostajes, es decir, 21 millones de euros menos de recaudación
Aurelio López de Hita atiende a los medios de comunicación / Toño Ruesta
Zaragoza
Una de cal y otra de arena de los pequeños y medianos empresarios (CEPYME - Aragón) a la propuesta fiscal del gobierno de Javier Lambán. Reconocen buena sintonía con el gobierno autonómico pero la quieren aprovechar para pedir progresividad en los impuestos y anuncian que, de aplicarse el de hidrocarburos, habrá una pérdida de entre el 10 y el 20 por ciento de los repostajes, es decir, 21 millones de euros menos de recaudación.
La recaudación que se daría, en caso de aplicar los 2,4 céntimos en los hidrocarburos se traducirían en unas pérdidas anuales de 21 millones de euros. Zoilo Ríos, presidente del sector de estaciones de servicio, señala que "es lo mismo que ha pasado en otras comunidades que han aplicado el tramo autonómico". Y daba datos: "con un 10 % se recauda 17 millones de euros pero se deja de recaudar 39 millones". Hechas las cuentas, "va a perder 21 millones de euros".
Piden una clara progresividad en los impuestos en función de los beneficios ya que, la carga impositiva actual es injusta "en proporción a los beneficios que se obtienen, teniendo en cuenta las reinversiones o la mejora de utillajes", decía el presidente de CEPYME - Aragón, Aurelio López de Hita. "En lo que no podemos estar de acuerdo es en que a la hora de distribuir esa carga impositiva no se aplique fundamentalmente a aquellas entidades que están alardeando de tener supermillonarios".
Otras propuestas
Además de estas propuestas, han elaborado un documento muy extenso con propuestas en otras materias. No se alejan mucho de las habituales.
Quieren mejorar el acceso al crédito porque las entidades de crédito siguen sin arriesgarse, es necesaria y urgente la simplificación administrativa y de manera aparejada, el adelgazamiento de las instituciones y mejorar la internacionalización. Son casi 90.000 empresarios, en un 99 % pymes y, por eso, quieren ganar competitividad solicitando a los gobierno que impulsen las contrataciones en lotes y no se plieguen a los intereses de las grandes empresas.La obra pública debe enfocarse a la mejora de infraestructuras clave, obras inacabadas y proyectos como la TCP y el Canfranc.
Además, apuestan por una ley de segunda oportunidad, la reducción de cuotas de la Seguridad Social para mejorar la contratación, un plan estratégico y una reforma energética que baje los precios. Remarcan que es necesaria la integración universidad- empresa, con planes de enseñanza consensuados.
