“Las 2.935 viviendas no son necesarias para el ejercicio de las funciones propias del IVIMA”

Madrid

El Instituto de la Vivienda de Madrid vendió en 2013 un total de 2.935 viviendas públicas de once municipios madrileños a un fondo buitre. Para poder llevar a cabo esta compraventa, la ley de Patrimonio de la Comunidad le exigía justificar la "innecesariedad" de las 32 promociones para poder llevar a cabo su enajenación.

Ana Gomendio, por entonces directora gerente del IVIMA, firma el 28 de mayo de 2013 una "memoria justificativa" en la que defiende que la venta resultaría "doblemente positiva, jurídica y económicamente", porque consideraba que garantizaba "la posición de los arrendatarios" y maximizaba el rendimiento del Instituto.

La responsable del IVIMA afirma en su informe que "la función social no se verá alterada en ningún momento porque las viviendas seguirán calificadas como de protección pública". Según Ana Gomendio, las promociones de vivienda que se pretenden enajenar "no son necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones propias del IVIMA", por lo que considera que la ley le permite llevar a cabo su venta.

La memoria justificativa firmada por la exdirectora gerente del IVIMA defiende además que esta operación "resulta conveniente para el interés público, permitiendo una gestión adecuada del patrimonio del IVIMA de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia".

Ana Gomendio declaró el pasado viernes en la primera sesión de la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid y califió esta operación de "extraordinaria" y "transparente". Además, aseguró que esta venta "no ha mermado los derechos del inquilino en ningún caso".