El Gobierno inicia los trámites para la nueva Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha

Toledo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado este martes el primer paso para aprobar la que será la Ley de Transparencia y Buen Gobierno más avanzada de España.

Según ha sabido SER Castilla-La Mancha, el ejecutivo de García Page ha tomado en consideración el anteproyecto de esta ley que, entre otras cosas, pretende regular los grupos de presión, los llamados "lobbies", controlándolos e incluso sancionándolos si incumplen la norma. 

La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, a cuyo anteproyecto ha tenido acceso esta redacción, regulará la transparencia en la publicidad de las acciones de la administración, el derecho de las personas de acceder a la información y la documentación públicas y también implantará un código de buen gobierno.

Lo más llamativo y novedoso está en el capítulo cuarto del título tercero de la norma: los grupos de interés, los conocido como "lobbies", es decir, las organizaciones y personas que desarrollando sus actividades en Castilla-La Mancha se dedican profesionalmente a influir en la toma de decisiones de la Junta.

Por ejemplo, supongamos que la Junta está pensando en elaborar una norma sobre farmacia. Un grupo de empresas del sector unidas para influir en ese texto sería un lobby.

El gobierno de García Page les va a exigir primero que se inscriban en un registro, que publiquen ciertas informaciones sobre sus actividades y les obligará a comprometerse a no incitar a los gestores a que incumplan la ley. Si no lo hacen o mienten, la ley prevé sanciones de hasta 12.000 euros.

La ley contempla también la creación del Consejo Regional de la Transparencia, un órgano independiente que estará adscrito a las Cortes y que podrá incluso inhabilitar a los miembros del ejecutivo si no cumplen con el Código de Buen Gobierno. Pero ojo, también se exigirá transparencia a terceros, por ejemplo a quienes reciban subvenciones de la Junta.

Una vez que este martes el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley, ahora tendrá que ser remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Este órgano deberá analizar el texto y proponer (o no) modificaciones que serán incorporadas por el ejecutivo en otro Consejo de Gobierno. Entonces el texto se remitirá a las Cortes donde se llevará a cabo el trámite parlamentario a través de las comisiones y los plenos pertinentes. Según fuentes del ejecutivo de Castilla-La Mancha se prevé que el texto entre en vigor a finales del primer trimestre de 2016.