Traspaso de poderes, control del patrimonio y selección de altos cargos

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ya tiene elaborado el anteproyecto de la ley de integridad y ética pública. Lo ha dado a conocer en el Consejo de Gobierno que celebra hoy en Veruela. Entre otros aspectos, se indica cómo tiene que realizarse el traspaso de poderes entre gobiernos, el control del patrimonio de los miembros del Gobierno y cómo tiene que ser la selección de altos cargos en la administración. Esta futura ley es uno de los puntos que aparece recogido en el decálogo firmado entre Podemos y el PSOE. 

Uno de los artículos señala que cuando haya relevo en el ejecutivo aragonés, el Gobierno en funciones tendrá que incluir toda la información relevante que necesite el nuevo gobierno. Entre otros aspectos, la documentación tendrá que indicar el estado de ejecución del presupuesto, la disponibilidad de dinero que haya en tesorería, las obligaciones que estén pendientes de pago, y la situación y la cantidad de las operaciones de endeudamiento. Además, el futuro presidente de Aragón podrá pedir que se constituya en las Cortes una comisión de traspaso para examinar la documentación aportada por el gobierno saliente, y poder pedir las aclaraciones que sean necesarias.

Patrimonio

Otro de los artículos de esta futura ley señala que se analizará el patrimonio de los miembros del gobierno y de los altos cargos cuando finalicen su mandato. Para ello, en los seis primeros meses después de dejar el cargo, se elaborará un informe para ver si existen indicios de enriquecimiento injustificado, teniendo en cuenta los ingresos recibidos a lo largo del mandato. Si en las conclusiones de este informe se ven irregularidades, se dará cuenta a la Agencia de Integridad y Ética pública, y se pedirá colaboración a la Agencia Tributaria para aclarar las cuentas. Si se sigue comprobando que ha existido un enriquecimiento que no se puede explicar, se daría traslado de este asunto a los órganos judiciales. 

Cuando entre en vigor esta Ley de integridad y ética pública, el gobierno se compromete a presentar en menos de dos años un proyecto del Ley del Estatuto de Empleados Públicos del sector público autonómico. 

En ese texto se indicará que el nombramiento de los cargos directivos tendrá que realizarse con un proceso de selección que garantice la publicidad y la libre concurrencia, y teniendo en cuenta los méritos y la capacidad. Y esa misma ley indicará que el cese del personal directivo se producirá por causas contempladas en la ley, y no dependerá únicamente porque cambie el gobierno o porque sus superiores lo decidan.