El Supremo envía a Plaza de Castilla un contrato millonario bajo sospecha
El alto tribunal entiende que el contrato de la Agencia de Informática que UPyD denunció en la Audiencia Nacional no está relacionado con la Trama Púnica
José Martínez Nicolás, exconsejero de ICM / EFE
Madrid
La ingente documentación incautada por los investigadores en el marco de la ‘operación Púnica’ sigue destapando posibles irregularidades en algunos contratos de la Comunidad de Madrid (CAM). Según ha sabido la Cadena SER, el Tribunal Supremo ha decidido enviar a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla la denuncia que UPyD interpuso contra la cúpula directiva de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) por un contrato de más de seis millones de euros adjudicado a Price Waterhouse Coopers (PWC) hace dos legislaturas.
Un contrato del año 2010 por el que, según la denuncia, la empresa se enriqueció ilícitamente ya que fue modificado y perdió buena parte de las funciones que tenía atribuidas. A pesar de ello la adjudicataria habría cobrado lo pactado inicialmente.
La Comunidad de Madrid puso en marcha a través de ICM dos contratos para modernizar y externalizar los sistemas de información de Recursos Humanos y de información económica y financiera de la CAM. Posteriormente, y por un valor que en principio era de 5,9 millones de euros pero que terminó superando los seis millones, sacó un concurso para implementar las mejoras a través de una Oficina de Proyecto.
PWC acabó ganando el concurso pero el contrato terminó perdiendo buena parte de su contenido: el proyecto que afectaba al área de recursos humanos fue rescindido. A pesar de ello, la empresa, según la denuncia que presentó UPyD, “se embolsa exactamente la misma cuantía a pesar de realizar un número inferior de tareas al inicialmente comprometido”, lo que para la formación magenta habría implicado la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de ICM y sus directivos.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, rechazó la competencia por entender que el asunto no estaba relacionado directamente con la actividad de la trama y lo envió a Plaza de Castilla. El juzgado de instrucción nº 22 de Madrid tampoco quiso hacerse cargo del caso. Velasco elevó un conflicto de competencia al Tribunal Supremo. La sala segunda del alto tribunal ha decidido por unanimidad que sea el juzgado de Plaza de Castilla el que decida si admite a trámite la denuncia de UpyD y por tanto si abre una investigación al respecto.
Denunciados
La denuncia de UPyD se presentó contra el entonces Consejero Delegado de ICM, José Martínez Nicolás – imputado en la Púnica – y los que ocupasen los cargos de Director de Compras y Logística y también el Secretario General. Además de su declaración, el partido político solicitaba que la Comunidad aportase al juzgado todos los expedientes relativos a estos contratos y que también compareciese un representante de la empresa adjudicataria.
Bajo la lupa de la justicia
Una Agencia de Informática de la Comunidad que se encuentra en el centro de las investigaciones sobre la trama Púnica: su entonces Consejero Delegado, José Martínez Nicolás, se encuentra imputado por haber ordenado presuntamente a la empresa INDRA que pagase miles de euros en sobres a uno de los principales acusados, el empresario y ‘conseguidor’ Alejandro de Pedro. Ante el juez Velasco, Martínez Nicolás afirmó que estos pagos se realizaron por orden expresa de sus superiores.
