Imputado el presidente del Consejo General de Procuradores de España
Se llama a declarar como imputada a la antigua cúpula directiva del Colegio de Procuradores de Madrid por supuestas irregularidades en sus estatutos
El presidente del Consejo General de Procuradores durante un encuentro sobre cooperación jurídica internacional / Ministerio de Justicia
Madrid
El juzgado de instrucción nº 52 de Madrid ha llamado a declarar a la antigua cúpula directiva del Colegio de Procuradores de la capital por un supuesto fraude cometido en la aprobación de sus estatutos en 2007: según ha podido saber la Cadena SER, entre los llamados a declarar como imputados se encuentra el actual presidente del Consejo General de Procuradores de España y el actual decano del colegio madrileño, Gabriel María de Diego.
En un auto fechado el pasado 13 de noviembre, el juzgado llama a declarar como imputadas a 17 personas, todas integrantes de la anterior cúpula directiva del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), entre ellos su entonces decano Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa (actual presidente del Consejo a nivel nacional), su exvicedecana Mercedes Ruiz (actualmente tesorera del Consejo) y también al entonces tesorero del colegio madrileño y en la actualidad decano, Gabriel María de Diego, junto con diversos vocales y secretarios.
En un comunicado, el ICPM defiende la legalidad de estos cambios en los estatutos responden al "preceptivo control de legalidad" que ordenan las leyes reguladoras de los Colegios Profesionales, asegura que la asociación denunciante "no representa en absoluto el interés general de los procuradores" al representar a seis personas de los más de once mil colegiados y mostrando respeto y confianza en la justicia, asegura que "ejercitará ante los tribunales cuantas acciones procedan por actuaciones que afecten al interés general de la procura".
Todos tendrán que acudir al juzgado el próximo 8 de enero para recoger la querella que la Asociación Nacional para la Defensa del Procurador interpuso contra ellos: en ella denunciaba irregularidades que habrían sido cometidas durante la aprobación de los estatutos del ICPM en el año 2007. Cuatro años antes, la Junta de Gobierno del Colegio habría dado luz verde a un texto con 129 artículos y 4 disposiciones transitorias, aunque finalmente los estatutos aprobados tendrían 20 artículos más y, siempre según la denuncia, darían más poder al Colegio madrileño de procuradores en aspectos como los ingresos económicos del ICPM.
Se trata de una decisión que toma la magistrada María Belén Sánchez después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligase a admitir a trámite la querella que había archivado previamente: entendieron los jueces del organismo supervisor que los posibles delitos de prevaricación que la querella atribuye a los ahora imputados no habrían prescrito desde su posible comisión, y que por tanto debía abrirse una investigación al respecto.
En el caso del colegio madrileño, varios de los imputados todavía ocupan cargos en su organigrama actual: además del actual decano y entonces tesorero, se encuentra el vicesecretario y una vocal segunda.
