El Supremo anula el PGOM de Vigo

Vigo

El Tribunal Supremo ha decidido estimar un recurso a la totalidad del Plan Xeral de Vigo, aprobado en 2008, y declararlo nulo al entender que hubo deficiencias en la tramitación medioambiental del documento, al no haberlo sometido a ese trámite al entender que era inviable por la urgencia que tenía el plan sobre proyectos e infraestructuras que podrían suponer un importante coste económico y social, una urgencia que el juez entiende que no existía, dado el tiempo que desde entonces todavía tardó en salir adelante el documento. La Xunta de Galicia entendía, no obstante, que el propio documento ya incorporaba todas las garantías medioambientales necesarias.

Esta sentencia deja ahora en una situación de suspenso el Plan General quedando en el aire la legalidad de las licencias concedidas a lo largo de estos siete años de vigencia y paralizando la concesión de nuevas licencias hasta que se legalice de nuevo el documento, algo que en estos momentos no se sabe cuanto tiempo puede tardar en suceder.

La Xunta de Galicia dio el visto bueno al documento en el año 2008, dirante el gobierno bipartito y con la viguesa María José Caride al frente de la Consellería de Política Territorial, responsable de la tramitación del documento en la administración autonómica y con el actual alcalde, Abel Caballero al frente de la alcaldía de la ciudad. Precisamente en la actualidad, Caride ocupa el cargo de Concejala de Urbanismo en el gobierno local de Vigo.

Desde el gobierno local de Vigo no han querido hacer declaraciones por el momento, aunque fuentes municipales aseguran que "los servicios jurídicos del Concello están estudiando la sentencia y las consecuencias jurídicas y económicas de la misma".

Desde la aprobación del PXOM de Vigo han sido muchas las demandas que se han presentado en contra del plan por parte de colectivos y afectados, aunque en casi todos los casos la justicia ha dado la razón al Concello de Vigo, lo que ha valido al actual alcalde, Abel Caballero, para presumir de la seguridad jurídica del documeno urbanístico de la ciudad, una seguridad que desaparece con esta sentencia del alto tribunal.