El presupuestos de 2016 alcanza los 5.130 millones de euros
Unos presupuestos "creíbles y viables", según Gimeno, con un aumento de las partidas de gasto social de 350 millones de euros
Zaragoza
5.130 millones de euros. Es el proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno de Aragón para 2016. La partida global es un 2,3% menos que las cuentas de este año, aunque el consejero de Hacienda explica que ese descenso se debe a la contención de la deuda y el déficit. Fernando Gimeno ha puesto el acento en que la partida para gasto social sube en más de 350 millones de euros.
Gimeno defendía que son unos presupuestos creíbles y viables, y detallaba el aumento de las partidas en políticas sociales: "en Educación crece en 74 millones de euros; IASS, 13,37 millones de euros; Universidad e Innovación crece 10,7 millones de euros; vivienda social crece 2,8 millones de euros y rehabilitación y regeneración de viviendas, que no es toda la política de viviendas aumenta 3,5 millones de euros".
En Sanidad se contemplan 3 millones de euros para el comienzo de las obras del Hospital de Alcañiz, y 240.000 euros para tramitar el proyecto del de Teruel. En Educación, se presupuestan 9 millones para becas de comedor y libros de texto, y 26 millones para varios colegios e institutos.
En estas partidas de gasto social, incluye una posibilidad que tiene que ver con la Universidad de Zaragoza. Según ha señalado Gimeno, el gobierno autonómico está en conversaciones con esta institución académica y "está estudiando el que el gobierno se quede con toda la deuda a largo plazo" de la universidad; "un salto cualitativo en las formas de relacionarse con la universidad, que ya habíamos anunciado que era una prioridad".
Recortes en consejerías
El aumento en políticas sociales supone un recorte en otras consejerías: un 20% en la de Presidencia y un 18% en la de Vertebración el Territorio. Gimeno también ha explicado que no hay partida para la futura Ley de capitalidad porque esta ley "se va a aprobar y se va a acordar en un marco de financiación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas". Y ha añadido: "que yo sepa, el ayuntamiento de Zaragoza ha dicho que para el año 2017; es la última petición que se me ha comunicado al respecto" por lo que "aún tenemos tiempo".
Fernando Gimeno ha insistido en que con estas cuentas se persigue la estabilidad presupuestaria. La Mesa de las Cortes definirá mañana cuál es el recorrido parlamentario que tiene este proyecto de ley, y sobre todo si cuenta con los apoyos necesarios para que salgan adelante.
El consejero de Hacienda piensa que en estas cuentas se ha pensando en los partidos que apoyaron la investidura de Lambán y ha afirmado "con rotundidad" que "hemos tenido en cuenta las declaraciones que ha hecho el grupo Podemos, hasta donde hemos podido" para llegar "a lo que ellos entienden, legítimamente, como que es una propuesta para incrementar el gasto social".
Impuestos
Gimeno también ha recordado que estos presupuestos dependen del proyecto de ley de medidas para la sostenibilidad de los servicios públicos, un proyecto que recoge la subida de algunos impuestos con el que espera recaudar 94 millones de euros extra; algo que "no hubiera sido posible" sin esta ley porque "es lo que nos permite crecer el techo de gasto; lo hemos llevado al límite de lo posible". No se puede más porque "la ley no nos deja pero, además, está condicionado con nuestros ingresos, no queremos hacer un presupuesto falso".
Por cierto, sobre la política de impuestos, Fernando Gimeno ha explicado una novedad importante para los vecinos de Zaragoza que aparece en el proyecto de ley de medidas fiscales: "una bonificación sobre la contaminación de las aguas del 60 %" como consecuencia de que los zaragozanos "pagan impuestos que cobra el ayuntamiento para finalidades que tiene que ver" con las mismas que "tienen que ver con el impuesto sobre las aguas". De este modo "ningún vecino de Zaragoza" pagará más "que ningún vecino de Aragón".
En esta ley de medidas fiscales, también se modifica la ley de urbanismo para que los municipios de menos de 2.000 habitantes puedan delegar en la comunidad las competencias en disciplina urbanística.




