Xunta y Ayuntamiento de Vigo acuerdan máxima colaboración para buscar una solución a la anulación del PGOM vigués

Vigo

Reunión en la Xunta de Galicia entre gobierno autonómico y gobierno municipal para analizar la sentencia que ha anulado el Plan General de Vigo, en vigor desde hace 7 años, por no haber sometido, en su día, dicho documento a la evaluación ambiental estratégica, obligada por ley pero que se saltó al considerarse que había urgencia en su aprobación definitiva.

Aunque ambas partes han hablado en todo momento de colaboración y ambiente de cooepración, la disposición en la mesa de reuniones ya mostraba dos planos contrapuestos. En un lado de la mesa, representantes del gobierno de la Xunta con la Conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, al frente. Enfrente, el Ayuntamiento de Vigo, con el alcalde la ciudad, Abel Caballero, acompañado, entre otros, de la concejala de urbanismo, Maria José Caride, en su día Conselleira de Territorio y responsable de la aprobación definitivas del Plan General ahora anulado por el Tribunal Supremo. Es decir, juntos, pero dejando muy claro que no revueltos.

El objetivo de este encuentro, pactar un acuerdo de colaboración para tratar de minimizar el impacto negativo que supone la anulación del actual PGOM después de 7 años de funcionamiento y buscar soluciones lo antes posible. Objetivo cumplido, almenos ante las cámaras y en la parte política. A partir de ahora serán los técnicos de una y otra administración los que tomarán el testigo y tendrán que trabajar para encontrar las soluciones técnicas que permitan recomponer la situación.

Mientras tanto, Vigo se queda ahora bajo el ampara del discutido y polémico plan general de 1993. En riesgo, por lo tanto, múltiples inversiones y desarrollos de la ciudad como la ampliación del polígono de Balaidos, el complejo de ocio de Portocabral, la construcción de nuvas viviendas o la legalización de otras ya construidas.