La justicia avala los antiguos estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid confirma el archivo de la querella interpuesta contra el antiguo decano y avala la legalidad de los estatutos aprobados en 2007 y 2011
Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa que un juzgado de la capital abrió a principios de 2014 contra el exdecano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), Antonio María Álvarez-Buylla, con motivo de los estatutos aprobados en 2010: una asociación les acusó de alterar los estatutos para obligar a los colegiados a pagar una cuota variable, y los jueces confirman la decisión del juzgado nº 30 de Madrid de archivar la causa por entender que no se cometió ningún delito. Un archivo que llegó poco antes de saberse que Álvarez-Buylla sería el sustituo de Mercè Pigem como vocal del Poder Judicial, cargo al que terminó renunciando.
En su auto, los jueces de la sección cuarta de la Audiencia reconocen que fue este mismo organismo el que obligó a abrir la causa en abril de 2014, pero explican que entonces se pronunciaron sólo sobre aspectos jurídicos, y no sobre el fondo del asunto como sí hacen en esta resolución: después de practicadas las diligencias interesadas y escuchada la versión de los querellados, entienden que la Junta de Gobierno del ICPM no aprobó en 2010 estos estatutos de forma fraudulenta, en especial el apartado C) del artículo 64.1 que regula las cuotas denunciadas. Explican los jueces que "los indicios de comisión de un delito de falsedad documental se desdibujan manifiestamente y la alternativa del error en la remisión de un texto incorrecto para su publicación adquiere consistencia".
Una resolución de la Audiencia Provincial que confirma el archivo dictado por el juzgado número 30 de Madrid en noviembre de 2014, pero que también se pronuncia sobre el contenido una querella posterior de la misma asociación en virtud de la cual están imputados tanto el actual decano del colegio madrileño como el presidente del Consejo a nivel nacional. En este caso se denunciaron delitos de falsedad documental y también prevaricación en la aprobación de los estatutos de 2007, y fue la Audiencia Provincial de Madrid la que obligó a abrir la causa al juzgado número 52 por entender que los posibles delitos no habrían prescrito.
Explican los jueces con respecto a esta segunda querella que "no se molesta en ofrecer alguna explicación racional en la que pueda insertarse un propósito de alteración fraudulento de numerosas normas estatutarias", y hablan incluso de "excesivo afán incriminatorio" por parte de los recurrentes.
Desde el ICPM celebran esta decisión y afirma que "interpondrá ante los Tribunales cuantas acciones procedan por estas actuaciones que afectan al interés general de la Procura". Fuentes del Colegio madrileño también aseguran que utilizarán este auto de la Audiencia Provincial para pedir el sobreseimiento de la causa en la que su actual decano ha sido llamado a declarar como imputado, al pronunciarse expresamente sobre la legalidad de los estatutos de 2007, denunciados en esa querella.
