Piden el rescate público de la empresa de aguas

Granada

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que el socio privado de la empresa de gestión del agua en la capital y en 13 municipios del área metropolitana, Emasagra, haya recibido "más de 60 millones de euros desde 2007 de beneficio con la privatización" y ha pedido que "se recupere la empresa para la gestión pública".

El portavoz del grupo municipal, Francisco Puentedura, ha instado al gobierno local a través de un comunicado que "acabe con las cláusulas abusivas que Emasagra tiene en beneficio del socio privado y que perjudica al Ayuntamiento y al interés general de la ciudadanía" y ha recordado que hace ocho años el Partido Popular (PP) "reprivatizó" la empresa por 25 años más a cambio de un canon de 28 millones de euros, canon que ha revertido al socio privado en más del doble y que han pagado los granadinos con sus tarifas y precios públicos del agua.

Para Puentedura "es completamente abusivo que en apenas ocho años, el socio privado haya recuperado con un beneficio de más del 100 por cien la inversión que hizo, lo cual demuestra que la privatización es antieconómica para los intereses de la ciudad, y por tanto es hora de plantearse y acabar con esta situación tan injusta que sufren los granadinos".

El portavoz municipal de la coalición de izquierdas ha señalado, asimismo, "que estos márgenes de beneficios tan grandes" son consecuencia de que el acuerdo de privatización establece un "contrato de gestión" con el socio privado que supone más de seis millones de euros al año, un 15 por ciento del volumen de negocio de la empresa, sin que ello implique nuevas inversiones a la empresa, ni la mejora del servicio.

Este "contrato de gestión" se imputa como gasto de Emasagra con los cual "es un beneficio neto para el socio privado sin que pase por distribución de dividiendo" y, además, el socio privado recibe de la empresa anualmente alrededor de 1,5 millones de euros de la distribución del dividendo de la empresa y otros cerca de 700.000 euros anuales por la gestión del cobro de la Tasa de Basuras.

Estos beneficios "impropios", a juicio de Izquierda Unida, "no se quedan en la ciudad de Granada sino que van a la cuenta de resultados del socio privado, entre quienes se encuentran varias entidades financieras como la Caixa" e "impide mejorar los servicios públicos que tiene que prestar el Ayuntamiento o las inversiones que debe realizar la empresa generando riqueza y empleo en la ciudad de Granada".

El concejal de Izquierda Unida ha exigido al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), que "defienda" a los granadinos y, "por el interés público, negocie con el socio privado y adopte las medidas para acabar con este tipo de cláusulas abusivas que están generando un beneficio al socio privado impropio".