Imputada la corporación municipal de Colmenar por irregularidades urbanísticas

Colmenar Viejo

La corporación municipal de Colmenar Viejo arrancará el año 2016 desfilando ante la justicia: el juzgado número 3 de esta localidad del norte de Madrid ha llamado a declarar al alcalde Miguel Ángel Santamaría y a cinco de sus concejales junto con el exalcalde y otros cinco exediles entre el 13 y el 27 de enero, todos acusados por la Fiscalía de Medio Ambiente de un delito continuado de prevaricación urbanística. Según el Ministerio Público, el gobierno municipal concedió más de una docena de licencias de primera ocupación haciendo caso omiso de los informes de los técnicos municipales.

Entre los llamados a declarar figuran, además del actual regidor, el exalcalde José María de Federico Corral – bajo cuyo mandato se habrían cometido la mayoría de las irregularidades denunciadas – junto con los actuales concejales de obras, medio ambiente, cultura, desarrollo local y transportes. Junto con ellos también han sido llamados a declarar varios exconcejales y hasta 8 peritos.

El actual alcalde, Miguel Ángel Santamaría, además de regidor de Colmenar Viejo también ocupa un puesto de vocal en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Trece licencias bajo sospecha

En su querella, la Fiscalía describe hasta trece casos ocurridos entre 2005 y 2011 en los que la anterior corporación municipal habría adjudicado licencias de primera ocupación de forma irregular, haciendo caso omiso a los informes negativos de los arquitectos y técnicos municipales y de la administración general: muros de cerramiento que superan la altura máxima permitida, edificios que no cumplían con las condiciones de salubridad mínimas exigidas para el aire o un edificio que se metía en la acera de la calle Pedro López.

En todos los casos, las actas de la Junta de Gobierno reflejan que la corporación municipal otorgó estas licencias “vistos informes técnicos y jurídico desfavorables”, y en varias ocasiones “sin razonar siquiera sucintamente los motivos” por los que las otorgaban o por los que tramitaban el asunto por la vía de urgencia. Las licencias de primera ocupación son aquellas que otorga la administración cuando comprueba que las obras realizadas han respetado las condiciones de su aprobación, y que cumplen con la legislación vigente.

Un perjuicio económico

En un escrito del pasado mes de junio, cuando el caso todavía no estaba judicializado, el entonces Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, explicaba que “aisladamente consideradas” cada una de las posibles irregularidades urbanísticas cometidas podrían incluso ser tildadas de “insignificantes”, pero entiende que “analizadas globalmente podrían ser constitutivas de delito, evidenciando no sólo la voluntad clara de no dar cumplimiento a la normativa urbanística, sino además la causación de un perjuicio económico para el Ayuntamiento” por los expedientes de Disciplina Urbanística que no fueron tramitados.

El procedimiento abierto en el juzgado de instrucción nº 3 de Colmenar Viejo incluye dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid que acumulan quince tomos de documentación y varias diligencias abiertas en torno a diversas de estas irregularidades: el magistrado instructor entiende que podría haberse cometido un delito continuado de prevaricación urbanística, que en su redacción actual contempla penas de prisión de año y medio a cuatro años, así como penas de inhabilitación de hasta quince años.