La PAH ocupa un bloque de viviendas vacío para negociar alquileres sociales

Castellón

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) impidió anoche en Castellón el desalojo de varias familias que ocupaban un edificio de viviendas vacías ubicado en la Calle Gran Vía.

El bloque, propiedad de una inmobiliaria, está deshabitado desde hace 4 años y alquilaba cada vivienda por 638 euros al mes. La obra social de la PAH ocupó el edificio el pasado 28 de diciembre para dar alternativa habitacional a 5 familias sin ingresos. Su principal objetivo es dar cobertura a las necesidades de techo de personas sin vivienda y posteriormente, empezar las negociaciones con el propietario del edificio para acordar un alquiler social, que se iniciarán a partir de este jueves.

Según ha dicho este colectivo, mediante esta acción de "desobediencia civil y anteponiendo, por su superioridad jurídica, el artículo 47 de la Constitución que garantiza el derecho a la vivienda a otras cuestiones legales o administrativas, las familias de afectados reivindican su derecho a un alquiler social". "Con 13.000 viviendas vacías en Castellón, con 17.000 desempleados y con miles de procesos de desahucio en los últimos años, es una vergüenza que haya gente sin casa y casas sin gente en nuestra ciudad", ha denunciado la portavoz de la PAH, María Jesús Garrido, quien ha pedido "soluciones ya por parte de bancos, inmobiliarias y administraciones públicas".

No obstante, anoche, la Policía acudió al edificio tras ser alertada de que había personas ocupando las casas del bloque de forma ilegal. Según los miembros de la Plataforma, los agentes taladraron una cerradura y tiraron la puerta para evitar que las familias pudieran seguir ocupándola.

La Plataforma de afectados por la Hipoteca no descarta emprender medidas legales contra la Policía Nacional por su actuación ayer por la noche, ya que advierten que hubo delito por parte de los agentes.

Por su parte, la Policía asegura que los agentes accedieron al inmueble a través del propietario, y que fue un cerrajero quien derribó la puerta. Declaran que simplemente comunicaron a los afectados que incurrían en un delito de ocupación ilegal.

Desde la PAH afirman que el derecho a techo es un derecho constitucional y alertan de que casi todas las familias que ocupaban el edificio tenían menores a cargo. La Plataforma considera que ocupar viviendas vacías es una necesidad ya que el Ayuntamiento no ofrece alternativa habitacional para familias sin recursos.

La portavoz de la Plataforma, María Jesús Garrido, critica a la alcaldesa, Amparo Marco, por haber anunciado que el consistorio poseía 300 viviendas que en realidad, dice, no tiene.

En el lugar de los hechos se encontraban representantes del grupo municipal Castelló en Moviment apoyando a la Plataforma. La situación ha abierto una nueva grieta entre el equipo de Gobierno, formado por PSPV y Compromís, y la agrupación de electores que apoya el bipartito, Castelló en Moviment, que acusa a la alcaldesa Amparo Marco, de mentir por asegurar que el consistorio tiene 300 viviendas disponibles.

Castelló en Moviment ha explicado que apoyan la ocupación de los pisos, que pertenecen a la Sareb, es decir a los bancos, para destinarlos a alquiler social, con el fin de que residan familias que necesitan una vivienda, y aseguran que según sus datos hay 200 pisos en esta situación en la ciudad de Castellón.

El Ayuntamiento en un comunicado ha ofrecido a estas familias toda su colaboración y ha puesto a su disposición todos los recursos sociales de que dispone para que acudan a las oficinas municipales cuando quieran. La concejala de vivienda, Ali Brancal, ha explicado que siguen trabajando para afrontar las demandas de viviendas vacías por parte de los afectados, y lamenta los problemas que puedan tener a partir de ahora las personas que han ocupado este edificio, porque han rebasado los límites legales, y advierte que no puede avalar una situación de este tipo porque sienta un precedente peligroso.

Por su parte, la Generalitat ha señalado que tienen un parque público de viviendas, que en estos momentos no pueden utilizar, porque no están en las condiciones adecuadas, debido a que el anterior gobierno del Partido Popular descuidó estos activos. La consellera de vivienda, María José Salvador, ha explicado que en los presupuestos de 2016 se contempla el acondicionamiento de estos inmuebles para ponerlos al servicio de los ciudadanos.