David Navarro e Ignacio Romaní se ven las caras en los juzgados
El PP se querelló contra el concejal de Hacienda a cuenta del autobombo del Ayuntamiento

David Navarro e Ignacio Romaní, a su entrada en los juzgados de San José / Cadena SER

Cádiz
Cita en los juzgados entre Ignacio Romaní (PP) y David Navarro (Podemos) como acto previo a la interposición de una querella del PP al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz. Todo parte de unas declaraciones de David Navarro en las que aseguró que el gobierno popular se había gastado 4'2 millones de euros en publicidad institucional durante un semestre.
David Navarro citó en esa entrevista como ejemplo los anuncios situados en cuatro medios, todos de carácter nacional. Los populares negaron esos datos y exigían una rectificación que David Navarro se ha negado a ofrecer, según él mismo ha explicado a la salida del juzgado.
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David Navarro: 'Aportaremos documentos para demostrar lo gastado en propaganda por el anterior gobierno'
El edil de Hacienda ha explicado que el gasto publicitario sí se produjo y que, como ya ha dicho varias veces, cuando se refería a 4'2 millones no hablaba sólo de cuatro medios sino de lo que gastó el Ayuntamiento en durante seis meses en publicidad institucional. Ese matiz de que no fue solo en cuatro medios es lo que reclamaba aclarar el PP que ahora estudiará si retira o mantiene la querella.
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Ignacio Romaní: 'Queríamos que se pusiera de manifiesto que no era cierto'
El PP ha explicado que en ese concepto de 4'2 millones David Navarro ha incluido como publicidad gastos que no lo son como el coste de la señal de Onda Cádiz, los reconocimientos de deuda con algunos medios por publicdad de años anteriores y hasta el coste de la cartelería de los teatros gaditanos. Es decir, que en esa partida había mucho más que propaganda difundida en los medios a los que hizo alusión el concejal en sus declaraciones.
La denuncia debe esperar ahora, por tanto, a si el PP la mantiene. Romaní ha explicado que va a solicitar la grabación de esa entrevista de la que dispone el Ayuntamiento para tomar una decisión.




