El alcalde aporta nuevos datos sobre el "caso Samaniego" que salpican al portavoz del PP
El Ayuntamiento de Valladolid pagó 300.000 euros por el alquiler de dos naves a la familia del exjefe de Mantenimiento. Oscar Puente se plantea el relevo del portavoz del PP como presidente de la comisión de las contrataciones. El portavoz del PP cuestiona una operación del periodo de Bolaños
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante la comparecencia ante la prensa por el 'caso Samaniego' / Cadena SER
Valladolid
El "caso Samaniego" toma un nuevo rumbo. Mientras el proceso sigue anclado en los tribunales porque no hay un juez definitivo, el Ayuntamiento ha encontrado indicios novedosos que pueden ser delictivos. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, anunció que trasladará al Juzgado de Instrucción número 4 los datos sobre la presunta contratación irregular del Consistorio con empresas vinculadas al exjefe de Mantenimiento, Luís Alberto Samaniego. "Tienen las características de la trama, porque se han realizado sin publicidad y por el procedimiento de urgencia", según subrayó el regidor vallisoletano.
Oscar Puente ha desvelado que el Ayuntamiento ha pagado 300.000 euros a empresas de la familia de Samaniego en concepto de alquiler al Servicio municipal de dos naves industriales.
El alcalde, que citó en su comparecencia a Javier León de la Riva y Jesús Enríquez, apuntó especialmente a la responsabilidad del actual portavoz del PP porque se pone de manifiesto que la Concejalía de Administración y Recursos -dirigida desde 2003 a 2007 por Enríquez- resolvió los contratos de alquiler de las dos naves alquiladas, a pesar de que uno de los locales contaba con un informe desfavorable de la Intervención Municipal poco después de la firma del contrato inicial.
"Alquien sabía algunas cosas", aseguró Oscar Puente al advertir, además, que se analizará "si Jesús Enríquez está legitimado para presidir la Comisión de Control de las Contrataciones".
Los datos aportados por el Ayuntamiento de Valladolid recogen los procesos cuestionados.
El alquiler de la nave 4 comienza en 2002. Al proceso de contratación en trámite “de urgencia” son invitadas cuatro empresas, de las cuales solo tres presentan sus ofertas en plazo, perteneciendo las tres a la familia Samaniego. El contrato es adjudicado a Transportes Vallisoletanos S.A., cuyo representante legal, Jesús Samaniego Lobón, acaba estampando su firma en el contrato junto a la de Javier León de la Riva. La prórroga del contrato se aprueba sucesivamente cada año, entre 2003 y 2006, reconociéndose por parte del Ayuntamiento, en este periodo, dos cambios de titularidad. El primero en 2005, a favor de la esposa de Jesús Samaniego, y el segundo un año más tarde, a favor de Samaniego Alquileres S.L. En total, 130.000 euros por la nave.
El contrato de arrendamiento de la nave 6 se sitúa un año antes.
En julio de 2001, el ex-alcalde, Javier León, inicia el expediente de contratación en régimen de alquiler de una nave para guardar y reparar los vehículos del Servicio Municipal de Limpieza, una necesidad de espacio que, al parecer, no había podido ser prevista por el Ayuntamiento, que tramita el procedimiento también por la vía de “urgencia”.
Finalmente son tres las empresas que se presentan, dos de ellas de Samaniego y cuyas solicitudes completa la misma persona, Miguel Ángel Rodríguez Patín: San Cristóbal de Arrendamientos Cuatro S.L. y San Cristóbal de Arrendamientos Seis S.L., siendo esta última la adjudicataria final y cuyo representante también es Jesús Samaniego Lobón.
En 2004 el Ayuntamiento reconoce el cambio de titularidad a la Comunidad de Bienes Samaniego Patrimonial, administrada por Antonio Samaniego Fernández, primo del ex jefe de mantenimiento municipal y “pieza clave de la trama", señala el alcalde. En total, otros 168.000 euros.
A la terna de tres empresas a las que en su informe propone invitar el jefe del Servicio de Limpieza, ninguna de Samaniego, se añade finalmente una cuarta en bolígrafo (San Cristóbal de Arrendamientos S.L.).
El portavoz del PP, Jesús Enríquez, rechazó cualquier tipo de responsabilidad en los hechos relatados por el alcalde y enmarcó las acusaciones en el "cabreo" del PSOE por el desarrollo de la Fiesta de la Moto. Asimismo, el exconcejal del anterior gobierno municipal de Javier León de la Riva reclamó explicaciones sobre una operación que se remonta al periodo de Tomás Rodríguez Bolaños: la compra del edificio de la plaza Santa Ana donde se encuentran las dependencias tributarias.
