Las defensas piden la nulidad del juicio por la falta de imparcialidad en la instrucción
Los letrados de los acusados cargaron las tintas contra el juez instructor, Nelson Frías mientras que la Fiscalía aseveró que las diligencias se ajustaron a derecho
El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón y el resto de los acusados. / CADENA SER
Santa Cruz de Tenerife
En medio de una gran expectación mediática, comenzó la vista del ‘caso Arona’; uno de los primeros y más esperados macro juicios que se celebrarán en 2016. Con semblante serio, el exalcalde de Arona José Alberto González Reverón llegó a la sala acompañado de los otros 12 acusados- por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- en este ingente proceso judicial en el que se juzga la concesión de más de 200 licencias urbanísticas y 75 contrataciones irregulares.
Las defensas de los acusados en el 'caso Arona' han coincidido en solicitar la nulidad de las actuaciones. Entre otros aspectos, los letrados han advertido de "falta de imparcialidad" en el juez instructor o la falta de garantías en las grabaciones y escuchas telefónicas. En este sentido, el abogado del arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, Juan Manuel Fernández del Torco, argumentaba un trasfondo político en la instrucción del caso: “Este es un proceso estrictamente político en el que no tiene ninguna razón de ser que estén los técnicos municipales porque, insisto se trata de un problema político”, señaló Del Torco. En la misma línea, el resto de los abogados de la defensa han cargado las tintas contra el juez decano de Arona, y responsable de iniciar las diligencias previas del caso, Nelson Díaz Frías. Así, los letrados calificaron de “irregular” la instrucción ejecutada por Frías, al llevarse a cabo sin garantías procesales los interrogatorios y los pinchazos telefónicos.
Así las cosas, la fiscal, Francisca Sánchez, estuvo especialmente contundente y defendió las diligencias llevadas a cabo por Nelson Díaz frías, negando que la instrucción del caso se haya llevado a cabo sin garantías procesales ni en el caso de los interrogatorios ni en las detenciones practicadas ni en las escuchas telefónicas, por lo que considera que son pruebas válidas y no procede la anulación del procedimiento judicial. Se prevé que el juicio se prolongue hasta el mes de mayo.
