La Junta aprueba el proyecto de ley que 'blinda' prestaciones sociales

Sevilla

El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que con un presupuesto inicial de más de 1.725 millones para este año, incluye un catálogo de prestaciones garantizadas, como la atención a la dependencia, y condicionadas, que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos.

La aprobación de esta ley supondrá que prestaciones como la teleasistencia, la renta mínima de inserción o la ayuda a domicilio serán reconocidas como derechos y, por tanto, deberán ser garantizados por parte de la Junta.

Entre otras novedades, se creará la llamada Tarjeta Social Digital, que incluirá la información "más precisa posible" para una mejor atención integral de quienes pudieran sufrir a lo largo de su vida alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social, al tiempo que todos los andaluces tendrán derecho a que se les asigne un profesional de referencia de los servicios sociales.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha resaltado en conferencia de prensa el "amplio panel" de prestaciones de esta norma al incluir derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía que no figuraban en la ley hasta ahora vigente, que fue aprobada en 1988, y ha subrayado que Andalucía es la primera que "blinda" con rango legal las coberturas básicas.

El texto, que será remitido ahora al Parlamento andaluz, ha contado con 2.119 aportaciones de entidades y organizaciones sociales, y la consejera se ha mostrado "totalmente convencida" de que se llegará a un acuerdo para su aprobación definitiva no sólo con un grupo parlamentario, sino con la mayoría, aunque ha admitido que todavía no se ha comenzado a negociar.

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A este respecto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha opinado que sería "muy irresponsable" que los partidos políticos se "cargaran" los derechos recogidos en la ley "a favor de las personas", por lo que ha dicho que no cree que ninguna formación "se atreva a tumbar por intereses políticos una ley tan importante".

La futura ley establece un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía, al tiempo que introduce la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, así como la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria deberá disponer de un profesional de referencia -en general del ámbito local dado que los servicios sociales comunitarios se prestan desde los ayuntamientos- que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención.

Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar.

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia.

Formarán parte de esta lista los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social. y las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión.

También se incluyen la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, así como las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia.

Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.

Otra novedad es la creación de la Historia Social Digital para todos los usuarios de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa.

Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.

Igualmente, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia.

En Andalucía, los servicios sociales atendieron el pasado año a un total de 1.100.000 personas, según ha detallado la consejera.