El pacto “no se rompe”, pero la línea roja se quiebra

Alicante

El pacto PP-Ciudadanos en la Diputación de Alicante no se romperá. Al menos, de momento, según dicen las dos partes implicadas.

Eso sí, "donde dije digo, digo Diego". El diputado de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, socio de gobierno de los populares de César Sánchez, se desdice y ahora sí, pedirá al presidente la revocación de los nombramientos de los dos diputados imputados, el popular Bernabé Cano y el socialista Agustín Navarro, incluso con una moción en el pleno. Lo que no ha avanzado es qué ocurrirá si no es atendida su petición.

Tanto la presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, como el presidente provincial, José Císcar, han insistido en Alicante en la tesis de que estos imputados "no lo son por corrupción", y por tanto, no hay nada, dicen, que infrinja el pacto que permitió aupar a Sánchez a la presidencia. Un pacto que, hay que recordar, estaba supeditado a no otorgar sueldo a imputados.

Císcar habla de "prevaricación administrativa" y Bonig insiste en que el pacto seguirá, en lo que al PP concierne. Lo que no harán es pedir que el presidente Sánchez revoque estos nombramientos, que se producen -recordamos- pasadas las elecciones.

Y Sepulcre, por su parte, que la pasada semana alegaba que en otras comunidades se había "levantado la mano" para justificar su apoyo a que estos diputados asumiesen competencias y sueldos pese a estar investigados, dice ahora que se opone y que instará a Sánchez a revocarlos en el próximo pleno.

Eso sí, el pacto no se rompe, añade. Cree que el asunto se "ha magnificado" y niega haber recibido presiones de la dirección de Ciudadanos para cambiar su postura.

En la Comisión Especial de Cuentas, Agustín Navarro, el exalcalde de Benidorm, ya ha asumido la vicepresidencia de dicha comisión, que conlleva sueldo, con los únicos votos a favor de PP y PSOE. El otro imputado, Bernabé Cano, el alcalde de La Nucía, asumirá, por su parte, el cargo de diputado de Cooperación.