El convenio con la Universidad de Navarra es "improrrogable", según el consejero de Salud
Asumir los 7 mil pacientes de la Universidad de Navarra costará 2,7 millones de euros, frente a los 5 que costaba el convenio con la Clínica
Pamplona
Los responsables del Servicio Navarro de Salud (SNS) han asegurado que los ratios de médicos, enfermería, camas, quirófanos y ocupación permiten atender "sin problema" a los 7.000 trabajadores de la Universidad de Navarra y sus familiares acogidos hasta ahora a un convenio suscrito entre el Gobierno y la Clínica Universidad de Navarra .
El gerente del SNS, Óscar Moracho, ha indicado que la CUN percibía por el convenio, 5,1 millones de euros al año y, ahora, a Salud le costará 3,2 millones. Una diferncia que radica en que el sistema público en Atención Primaria es mucho más económico.
Ha destacado además que el importe del convenio pasó en tres años, desde 2007 a 2009, de 2,3 millones de euros a 5,1 sin que el actual Gobierno tenga constancia de ninguna justificación para este incremento.
Así, con los informes en la mano, el consejero Fernando Domínguez ha reiterado, que el convenio con la Clínica "es improrrogable desde un punto de vista jurídico, injustificable desde un punto de vista económico, e injusto desde el punto de vista de la equidad en salud".
La presidenta Barkos se ha reunido con los trabajadores de la CUN para explicarles el porqué de la anulación del convenio. Mientras tanto, en el Parlamento se han aprobado enmiendas por valor de más de 3 millones de euros para reforzar las listas de espera ante la llegada de nuevos pacientes.
Respuesta de la CUN
La Clínica Universitaria de Navarra ha afirmado que el incremento registrado en los últimos años en el importe que percibía por el convenio se debió a que en el cálculo económico se incluyó a toda la población atendida en el centro por la implantación de "un nuevo sistema de cálculo por parte del Servicio Navarro de Salud, similar al de otras comunidades".
A partir de 2008 "se incorporaron al cálculo todas las personas inscritas en la cartilla del trabajador, lo que supuso un incremento aproximado del 95 por ciento en el número de beneficiarios a considerar en el cálculo. Se incorporaron además los jubilados que previamente no tenían derecho a esta prestación", agrega.