García Santamaría declara que recibió amenazas por denunciar la trama de corrupción
La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por el entonces concejal socialista,el 17 de enero de 2007.
El ex edil socialista Francisco Santamaría durante su declaración en el juicio. / CADENA SER
Santa Cruz de Tenerife
El que fuera concejal y portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Arona, Francisco Santamaría ha protagonizado una de las declaraciones más duras y tensas desde que se inició el macro juicio por el 'caso Arona'. El ex edil aseveró, entre sollozos que recibió amenazas de muerte y que le destrozaron la luna del coche junto después de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la presunta trama de concesión de licencias ilegales y pago de comisiones a empresarios a cambio de permisos. En este sentido, Santamaría insistió en que los periodistas sufrieron también amenazas. "Yo y mis compañeros sufrimos una persecución terrible; me rayaron el coche y me rompieron la luna y, además, el alcalde llevaba a enchufados a los plenos para abuchearme". Por otra parte, la fiscal llamó al estrado a Alicia Rodríguez, técnico en disciplina urbanística en el Ayuntamiento de Arona, quien explicó que las licencias de obras estaban mal concedidas y por ello se pedía la revocación de las mismas y se informaba en contra.
De especial interés fue la declaración de la jefa del Gabinete jurídico, Carmen Ana Díaz quien se incorporó al consistorio en 2002 constatando que los informes negativos que realizaba en relación a algunas licencias no eran tenidos en cuenta y se aprobaban sin dificultad. “Los informes incumplían de forma categórica el ordenamiento jurídico”, declaró Díaz.
Origen del caso
La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por el entonces concejal socialista, Francisco García Santamaría, el 17 de enero de 2007. En la denuncia se acusaba de posibles delitos urbanísticos por posibles delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación continuada y tres delitos de prevaricación al entonces alcalde, José Alberto González Reverón y el equipo de gobierno aronero. Desde ese momento, se puso en marcha una investigación que ha devenido en más de 60 tomos de sumario y que se ha ido ampliando a raíz de otras denuncias, como las del letrado Felipe Campos. Según obra en el auto en el que se imputa a los acusados, desde el 9 de enero de 2004 y la 17 de noviembre de 2006, votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, para reforma de viviendas, para demolición y construcción de edificios con el informe desfavorable de los técnicos municipales.
